Cancún.- Una mujer que trabajó como gerente en una empresa satélite de Xcaret ha sufrido el equivalente a tortura psicológica por cinco años, luego de ser injustamente acusada, procesada y sentenciada de administración fraudulenta, presuntamente para ocultar una evasión fiscal cometida por el Grupo Xcaret, de al menos 260 millones de pesos.
A pesar de no existir evidencias en su contra, la Fiscalía General del Estado decidió judicializar la carpeta de investigación en su contra, sin facturas, estados de cuenta o alguna audiencia forense a las finanzas de la empresa. A pesar de las inconsistencias, una jueza decidió vincular a proceso. Esto que dio lugar a un juicio cargado de irregularidades, dilatado por años; con abogados cambiantes, testigos que desaparecían, y una total falta de evidencias.
Nada importó, el juez Miguel Segovia Herrera encontró a la acusada culpable y a sentenció a tres años de cárcel, además de una millonaria reparación del daño. Este fallo está en apelación.
En entrevista, María Lourdes Hernández Vallejo señaló que ella trabajó en “Naturama Tour Adventures”, una agencia de viajes propiedad de Xcaret, por ocho años, hasta que decidió renunciar en octubre de 2019, ya con cargo de gerente.
Hasta ese momento todo era normal. Ella pudo hacerle entrega del vehículo de la empresa al asistente de su jefa, la directora de “Naturama” e incluso recibió una liquidación acordada con los socios de Xcaret, Carlos Constandse y Miguel Quintana Palli.
Todo cambió en enero de 2020, cuando un amigo que todavía laboraba en la empresa le advierte que le están “armando un expediente”, situación que se hizo realidad al poco tiempo, al ser denunciada de administración fraudulenta.
El monto era para no creerlo: 262 millones de pesos, en administración de fondos que a ella no le correspondía, pero que Xcaret parecía haber decidido culparla, para así justificar enorme faltante de impuestos al SAT, sin consecuencias para el grupo.
ACUSACIÓN SIN PRUEBAS
Gigantesca fue su sorpresa cuando descubre que la mayor parte de los recursos, 242 millones de pesos de impuestos, ni siquiera eran de la empresa para la que había trabajado, sino que pertenecían a “Global Collect”, otra empresa de Grupo Xcaret, encargada de las ventas en línea, y que había sido transferida del parque a “Naturama”.
“La empresa fue traspasada por temas legales, pues cualquier demanda por un paquete comprado en internet ya no iba contra el parque, sino contra ‘Naturama’, cuyo patrimonio era limitado”, explicó Lourdes Hernández. “El dinero, sin embargo, ingresaba a las cuentas de Xcaret, las que eran además vigiladas por personal del grupo”.
A estos 262 millones de pesos, se añade un supuesto hurto de 18 millones de pesos “en efectivo”, aunque no había manera de retirar tal cantidad de dinero, ya que sus ventas eran en tarjetas o a través de cupones.
Para esta ex gerente, la denuncia era absurda, pues ella ni tenía el acceso ni sabría cómo pagar impuestos. El tema, sin embargo, era muy serio, por lo que contrató un abogado, que en cuanto vio las evidencias presentadas, consideró que no había forma en que pudieran proceder, pues se carecía de evidencias.
Lo procedente, consideró el licenciado, era que la empresa llevara el tema a lo mercantil, para que allí se ordenara una audiencia forense, pero era claro que Xcaret no deseaba que se investigara sus cuentas, pues ni siquiera presentó estados de las mismas
A la fiscal del caso, Judith Mendoza, esto no pareció importarle. Como “prueba” únicamente contaba con un libro de balances, en Excel, completamente editable y presentado por Xcaret sin respaldo alguno. Ella sí ordenó un peritaje, pero el perito traído no realizó ninguna labor de investigación en torno a la situación financiera de la empresa, únicamente presentó como válido este libro entregado.
Junto con Lourdes Hernández Vallejo también había otros trabajadores listados como imputados, pero que luego fueron retirados de la lista. Aunque se les transfirió de área, todos continúan trabajando para Xcaret, pese a que se les había acusado igual de esta supuesta administración fraudulenta.
De los testigos que presentaron, todos se enfermaron a la hora de las audiencias, o eran cambiados por otros. Todos eran de Xcaret, y nadie de Naturama Tour Adventures, la empresa supuestamente agraviada.
Incluso, aunque designaron a Moisés Araujo como representante legal de Naturama Tour Adventures, quienes acudían a las audiencias eran directivos de Xcaret, quienes por su sola palabra afirmaban tener autoridad de defender a esta otra empresa, pues era un “satélite” suyo.
Las inconsistencias continuaban, pues Naturama Tour Adventures fue cambiada de una SA de CV a una Sapi de CV, pero la fiscal insistía en presentar documentos de una u otra empresa sin cuidado alguno.
Para justificar la “administración fraudulenta” de la acusada, presentaron un poder notarial, pero de la empresa que ya había dejado de existir, por lo que luego añadieron un segundo poder, de otra notaría, en la que cancelaba el anterior poder y extendía uno nuevo. Esto no era procedente, pues como otra razón social, no podía negar los poderes de la anterior empresa.
Quizá lo más irregular fuera que la fiscal no quiso realizar un estudio socioeconómico de la acusada, quien vivía en una casa normal en Puerto Morelos, ni siquiera en residencial, la que todavía pagaba a Infonavit. No hubo investigación de hacia dónde se había ido este supuesto dinero.
Todo esto fue presentado ante el juez, pero Miguel Segovia Herrera daba por válido todo lo presentado por la fiscal y al mismo tiempo que rechazaba el peritaje de la defensa. Ante cualquier inconsistencia, solo señalaba que no estaban en un tribunal mercantil, y continuaba con el proceso.
TORTURA PSICOLÓGICA
Lourdes Hernández fue vinculada a proceso, por lo que quedó obligada de acudir a firmar a tribunales todas las semanas. Este fue el inicio de un calvario de cinco años, en el que los abogados de Xcaret parecían querer dilatar el proceso lo más posible.
En una tras otra audiencia, faltaba el abogado, los testigos o cambiaban de abogado (Xcaret cambió tres veces de abogado). Esto continuó por años.
En cada ida a tribunales, había personal de Xcaret que comenzaba a insultar y a gritarle a Lourdes Hernández, quien ya comenzaba a desarrollar serios problemas psicológicos, por vivir en la incertidumbre sobre su futuro.
Aunque ella había renunciado para irse a otro trabajo, pronto comenzó a recibir comentarios en su nuevo empleo por parte de sus compañeros sobre las acusaciones en su contra. La situación se hizo insoportable y tuvo que renunciar.
El continuo ataque a su moral hizo que muchas empresas se negaran a emplearla. Cuando halló una empresa turística nueva, ella comenzó a sentirse incapaz de idear nuevas estrategias y acababa escondiéndose en el baño o afuera del edificio para no caer en ataque de ansiedad.
Actualmente acude con una psicóloga, quien la ha ayudado a controlar sus emociones, pero ella confiesa que es difícil seguir, cuando una empresa tan poderosa como Xcaret busca encarcelarla, aniquilar su carácter y además dejarla en la calle.
“Si yo tuviera esos 18 millones de pesos, ¿qué haría todavía aquí?”, asevera, añadiendo que ella incluso tuvo que traspasar un departamento en Cancún para afrontar costos, sin tener más patrimonio ahora que su vivienda en el fraccionamiento Villas la Playa, en Puerto Morelos.
Para esta mujer, tantas irregularidades parecen apuntar a la compra de la justicia por Xcaret, tanto a la fiscal que lleva el caso, como el juez, que la encontró culpable sin evidencias.
CAMINO A LA APELACIÓN
Aunque con una sentencia en contra, Lourdes se mantiene libre, gracias al recurso de apelación interpuesto. El proceso en su contra ha sido tan dilatado que ya venció el periodo de vinculación a proceso, por lo que ya, afortunadamente, no debe acudir a firmar a tribunales.
El estrés sigue muy vivo, por la posibilidad muy real de ser encarcelada de forma injusta.
“Mi abogado dice que son tantas las inconsistencias que en la apelación debiéramos tener un 70% de posibilidad de ganar, pero ante la posibilidad de que continúe esta compra de jueces, esto se reduce al 50%”, confiesa.
En estos años, no había recibido el apoyo de nadie. Ninguna autoridad ha intervenido en su favor, Xcaret parece ser demasiado influyente. No fue sino hasta que el mes pasado pudo contactar a las Madres Buscadoras de Quintana Roo que finalmente logró sumar gente quien está de su lado.
“Estoy muy agradecida con la señora Mary (Patrón Pat, presidenta de las Madres Buscadoras) por brindarme su apoyo. Ellos fueron a mi última audiencia, y por su presión estoy segura que evitaron que me pusieran la sentencia máxima”, revela.
Esto, porque durante la audiencia, que tardó 22 horas, el juez Miguel Segovia Herrera le anunció que la sentencia sería en su contra y que recibiría 12 años, pero después del receso, con una protesta afuera de los tribunales, lona incluida, la pena fue reducida a tres años.
Lourdes Hernández Vallejo asegura que, pese a todo, aunque quieran aplastarla con su poder económico y político, ella no se va a dejar, aunque tenga que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Han abusado de mi persona, psicológicamente, moralmente, económicamente, pero no me voy a dar por vencida. Sin importar donde tenga que llegar, voy a demostrar los corruptos que son”, declaró.
