Cancún.- Áreas verdes, accesos a playa y áreas de equipamiento donados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al Ayuntamiento de Benito Juárez, fueron marcados en el Plan de Desarrollo Urbano de 2022 como áreas para desarrollo comercial, habitacional o mixto, lo que supone un robo de espacios públicos, denunció la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la que ya ha formalmente solicitado la elaboración de un nuevo PDU.
En rueda de prensa, Antonella Vázquez Cavedón, fundadora de este organismo, comparó los mapas de los accesos de playa marcados por Fonatur, con el último PDU, en el que ya se marcan áreas para la construcción turística, con densidades de hasta 15 pisos. Solo tres playas públicas, Delfines, Coral y Del Niño, figuran con predios públicos. Las demás solo cuentan con accesos, y predios con desarrollo autorizado.
A esto se suman otros predios ubicados dentro de Áreas Naturales Protegidas, como Playa Delfines, Jacinto Pat y San Buenaventura, en los que se autorizan construcciones, lo que viola los decretos que las declararon áreas protegidas.
La activista señaló que ellos ya lograron que se invalidara el PDU de 2022, pues en dos sentencias se acreditó que el gobierno municipal incumplió en la obligación de tener participación ciudadana real e informada, además de no efectuar estudios de impacto ambiental.
En muchos casos, modificaron usos de suelo sin consulta previa a vecinos, además de permitir desarrollos en manglares, cenotes, playas y áreas naturales protegidas.
Entre las irregularidades detectadas, Playa Delfines originalmente tenía 18 mil metros cuadrados, y ahora figura con solo 7 mil, junto a un predio con uso de suelo turístico.
Existe un andador en la Supermanzana 15 A, que la Fonatur entregó como área de equipamiento urbano, y que ahora ya está en venta, con un uso de suelo cambiado. Su escritura señala que era para una caseta de seguridad y que, si no se cumplía con esto, debía ser regresado a Fonatur.
El campo de golf “Pok Ta Pok”, cuyo desarrollo fue autorizado por el PDU de 2022, también indica en su escritura que debía quedar como campo de golf, para mantener el equilibrio en la zona, condicionante que debía transmitirse en cualquier futura venta.
“Todos estos usos de suelo son ilegales”, aseveró Vázquez Cavedón, quien consideró prioritario detener el pretendido cierre de playas públicas y privatización de espacios.
Este grupo ya entregó un escrito a la presidenta forma, Ana Paty Peralta de la Peña, en el que solicitan la creación de un nuevo PDU, pero que se efectúe con participación ciudadana, en armonía con el marco legal existente y respetando las áreas naturales protegidas. También solicitan que se tome en cuenta el Atlas de Riesgo y que se consulte con expertos para la elaboración de este documento rector, para tomar en cuenta las capacidades de carga.
La activista criticó que las autoridades efectúan un par de foros, previo a la publicación de un PDU, para “tomarse la foto”, y para tener evidencia de que se recabaron opiniones (las que no son tomadas en cuenta).
Hecho esto, publican un PDU y dan un plazo de 15 días para ser analizado, lo que resulta prácticamente imposible para un documento tan extenso y técnico.
Antonella Vázquez Cavedón admitió que no confía en el gobierno y en un nuevo PDU pueden otra vez “madrugarlos” con un documento muy distinto a lo que se les presenta originalmente, pero indicó que por eso es importante informar a la ciudadanía y que sean ellos quienes exijan transparencia y que se preserven los espacios públicos, en especial los accesos a playas.
