Cancún, Quintana Roo.- Entregar concesión del agua potable a otra empresa sería contradecir la 4T, afirma Julián Ricalde
Julián Ricalde Magaña, diputado local, afirmó que el gobierno estatal caería en una contradicción a los principios de la 4T, si no se hace cargo de la administración del agua potable y, en cambio, lo concesiona a otra empresa, luego de dejar fuera a Aguakan.
En entrevista en un programa radiofónico, el legislador mencionó que el morenismo estatal incurriría en las mismas malas prácticas que aseguran realizaron gobiernos pasadas, al entregar este servicio a empresas de dudosa capacidad técnica y operativa.
De igual forma, comentó que a esta administración se le pudiera acusar de lucrar con este servicio, si opta por dar la concesión a otra empresa que se presuma con mayor capacidad técnica y financiera.
“Se ha dicho que pudiera darse la concesión a otra empresa, cosa que iría en contra lo que está haciendo la Cuarta Transformación a nivel nacional, de estar recogiendo las concesiones, porque si esto es negocio para alguien más, pues seguramente también será negocio para el gobierno, nomás que para el gobierno sus fines no son de lucro, pero pudiera hacerse de recursos económicos, como esta empresa [Aguakan] lo está haciendo”, aseveró el legislador.
Asimismo, Ricalde Magaña enfatizó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) tiene la capacidad suficiente para hacerse cargo de este servicio.
“Capa puede prestar perfectamente el servicio, porque los empleados que trabajan con Aguakan son mexicanos, solo los directivos son extranjeros, pero todos los que están en la calle son cancunenses, puertomorelenses, isleños. Entonces, no veo mayor problema en ese sentido”, agregó.
Finalmente, el legislador resaltó que, hasta el momento, no tiene a la mano la estrategia jurídica que el gobierno estatal implementará a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el decreto que revoca la concesión de Aguakan.
Sin embargo, Ricalde Magaña indicó que seguramente esa estrategia existe, pues dicha empresa tratará de defenderse e impugnar este decreto, lo cual, dijo, no será nada fácil.
“Yo no traigo en la mano la estrategia que se va a realizar, pero es evidente que hay una estrategia, y tratando de ver los espacios jurídicos que hay, primero tendrán que cancelar los contratos y tendrán que oírlos y vencerlos en juicios”, concluyó.
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— La Réplica de Quintana Roo (@Replica_QRoo) December 27, 2023
