Cancún.- En lo que constituye una cadena de irregularidades, la Fiscalía General del Estado judicializó una carpeta de investigación en contra de una mujer sin tener pruebas en su contra, lo que fue aceptado por un juez para vincular a proceso, y después para que el juez de instrucción, Miguel Segovia Herrera, declarara culpable a esta persona, únicamente porque la parte denunciante era Xcaret.
Esto se desprende del proceso penal efectuado en contra de María Lourdes Hernández Vallejo, ex gerente de “Naturama Tour Adventures”, una agencia de viajes propiedad de Xcaret, la que fue acusada de “administración fraudulenta”, por un supuesto desfalco de 18 millones de pesos, más una deuda de 248 millones de pesos, aunque en ninguno de los casos esta empresa presentó evidencias de estos delitos.
Así lo confirma Juan Gutiérrez Sánchez, perito en materia contable, quien presentó un dictamen sobre este caso en el que acreditó que no había balances bancarios, facturas, tickets, depósitos o cualquier documento, más allá de un archivo de Excel, fácilmente editable.
Increíblemente, el juez Miguel Segovia Herrera determinó descartar este peritaje experto, y dar como válido este archivo digital, sin siquiera molestarse en pedir una revisión de las cuentas de Xcaret para acreditar si existía el faltante alegado.
En entrevista, este perito en materia contable dijo que en toda su trayectoria como experto, nunca había visto que una Fiscalía decidiera presentar ante un juez una acusación sin pruebas, y muchísimo menos que luego el juez aceptara como válido una carpeta tan vacía como la que él tuvo que revisar.
“Para sustentar su denuncia, la empresa presentó un informe, no un dictamen, de un contador externo, quien fungía como perito sin serlo”, explicó Juan Gutiérrez en entrevista. “La perito de la Fiscalía luego básicamente copió lo que indicó el contador, dándolo como válido”.
Sin embargo, el perito externo, traído por la acusada, de inmediato vio que no existía ninguna documentación que sustentara la acusación. Lo que es más, tampoco había alguna explicación de cómo había ocurrido este supuesto faltante. No hay alguna constancia de robo o desfalco. A la víctima nunca le verificaron sus cuentas bancarias o efectuaron algún estudio socioeconómico de su situación.
Xcaret, a través de su empresas satélite, alegó dos cosas: Una, que un cliente con el que tenían una deuda de 248 millones de pesos les dijo que no les debía nada, algo de lo que responsabilizaron a Lourdes Hernández sin presentar ninguna evidencia; incluso, era imposible desviar estos recursos, que debían ser enviados por transferencia a la cuenta de la empresa. Dos, un supuesto faltante de 18 millones de pesos en el cobro de tickets para ingresar al parque.
“Sobre esto último no había claridad de qué la acusaban, pues no afirmaban que se los hubiera robado. No demostraron cuánto era lo depositaba, cuánto cobraban, cuánto entregaban a la empresa de traslado de valores, no hay cortes de caja, tickets, facturas o depósitos.
De forma inverosímil, señalaban presuntas discrepancias entre los ingresos y salidas, pese a que es imposible que cuadraran estos montos a diario, cuando el dinero que recibían debía ser depositado y eso no ocurría el mismo día.
“Alegaban que los tickets eran la entrada, y que debían de estar cobrados, pero no demostraron esto”, señaló el perito.
Todo esto fue evidenciado en el dictamen de este perito, el que casi de inmediato fue desestimado por el juez Miguel Segovia Herrera.
Primero, en la audiencia virtual, quiso alegar que este peritaje no estaba firmado, algo que el experto desmintió de inmediato, ya que mostró en el documento el lugar donde iba su rúbrica.
Acto seguido, el juez le preguntó si había acudido a la Fiscalía a revisar la carpeta, algo que el perito no había hecho, pues cuando él fue contactado, esta carpeta ya había sido judicializada, y pudo obtener una copia completa por parte del abogado defensor. Esta fue la excusa que buscaba el juez Miguel Segovia Herrera, quien procedió a descartar por completo este peritaje.
Sí dio por válido el informe del contador de Xcaret, pese a que se tratara solo de una hoja de cálculo sin respaldo. En este documento, el contador ni siquiera señaló que existiera algún daño patrimonial, sino que advirtió que había riesgos, por debilidades en el control interno.
Lo procedente es que la empresa, al ser advertida de este riesgo, efectuara una audiencia forense, pero no lo hicieron, sino que procedieron directamente con la denuncia.
“No entiendo cómo una empresa tan grande hizo las cosas tan mal. No comprobaron absolutamente nada”, comentó.
Al redactar su sentencia, Miguel Segovia no podía indicar cuál era la acusación ni detallar cómo ocurrían los supuestos delitos.
Para el perito, es imposible no sospechar de tráfico de influencias al revisar este caso, que sin duda amerita ser investigado por el Consejo de la Judicatura.
Resulta impensable que de forma tan desaseada un juez decidiera condenar a la cárcel por tres años a una persona, sin evidencias en su contra. El caso ya está en apelación.
