Cancún.- Si bien la nueva Ley de Expropiación aumentó las causales por las que una instancia de gobierno pueda enajenar un bien particular, todas tienen que ver con temas de utilidad pública, por lo que no hay riesgo que un político pueda adueñarse de un terreno para fines de lucro, usando esta legislación.
Así lo aseguró Alejandro Rabishkin Castillo, vicepresidente jurídico de la delegación en Cancún de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien lamentó que las instancias de gobierno no hayan socializado esta iniciativa previo a su aprobación, para así poder evitar confusiones en la ciudadanía.
El experto reveló que el AMPI realiza un análisis jurídico de esta nueva ley, para determinar si se ajusta a derecho y si no hay una extralimitación de funciones, mismo que continuará hasta la próxima semana; no obstante, no hay “alarmas” por esta legislación.
Rabishkin Castillo indicó que las expropiaciones a fuerzas deben ser para la construcción de infraestructura, para desarrollo o para provisión de servicio. En caso que el terreno enajenado se use para otro fin, o bien la obra señalada no inicia en un año, se revoca este proceso. Por ello, el experto descartó que pueda darse un esquema de complicidad para despojar a alguien de un bien, con algún fin de lucro.
La confusión, señaló, deriva en parte por la falta de un proceso de “tropicalización”, o de debate previo con los gremios y expertos, para ajustar la ley a las necesidades de la entidad, y para que se dé a conocer de manera correcta.
En este sentido, el AMPI ya ha solicitado un foro con autoridades de gobierno para conocer los alcances de esta ley, pero se trata de algo que debió realizarse previo a la aprobación de la misma, no a posteriori.
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