El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que le informaron que el fallo internacional por la demanda interpuesta por Vulcan Materials –empresa matriz de Sactun, antes llamada Calica– saldría tentativamente en agosto, aunque advirtió que mientras sea presidente no permitirá que continúe la destrucción del medio ambiente por la actividad minera de esta empresa en la Riviera Maya.
Lo anterior lo detalló el mandatario en la conferencia mañanera de hoy miércoles, al ser cuestionado, de forma más general, sobre las distintas demandas interpuestas por empresas estadounidenses y canadienses, las que han costado al país 296 mil millones de pesos en indemnizaciones, desde 2015 a la fecha.
El presidente brindó un resumen histórico sobre la operación de Calica, después renombrada Sactun, la que fue reforzada por un video que tenían preparado y que López Obrador pidió que se “estrenara” aprovechando la ocasión, que abarcaba desde el primer permiso federal, otorgado en 1986, por un predio, y el permiso estatal de 1996 por otros dos predios.
“Les dan permiso y escarban, hasta usan dinamita, y se llevan el material a Estados Unidos, para arreglar sus calles y carreteras”, comentó el presidente, quien lamentó que se haya destruido el territorio, sin beneficio para los mexicanos.
López Obrador recordó que desde que inició su sexenio trataron de dialogar con la empesa, para que frenaran este ecocidio, ofreciendo comprarles su terreno no impactado, por más de 2 mil millones de pesos, para hacerlo reserva, y con el ofrecimiento de hacer el área explotada un parque turístico con terminal marítima.
La carta con esta oferta será hecha pública hoy a través de sus redes sociales, adelantó.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el lugar ese año, por haber excedido la extracción permitida, y se llegó a un primer acuerdo con Sactun para que se respetara esta clausura.
Sin embargo, reveló el presidente, ya le “habían tomado la medida” y se mantenían inactivos los fines de semana, porque sabían que acudía a supervisar el Tren Maya, pero continuaban el retiro de material de forma clandestina entre semana. Al ser informado de ello, acudió en un día martes y constató lo que ocurría, por lo que en 2022, la Profepa realizó una segunda inspección y colocó sellos, además de mantener una vigilancia más estricta.
Resulta imposible creer que otras autoridades no supieran de esta violación de la clausura, hasta que el propio presidente lo viera con sus propios ojos, pero López Obrador no abundó en este punto. No obstante, 2022 es el año en que sobrevino el cambio en Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons a Francisco May, supuestamente por la negativa del primero a cambiar el trazo del Tren Maya de la carretera a la selva.
Vulcan Materials ya tenía interpuesta desde 2019 una demanda internacional, en la que exigen una compensación de mil 500 millones de dólares, y con esta segunda clausura, quedó rechazada la propuesta del gobierno, por lo que la empresa, aseguró el presidente, comenzó a presionar al gobierno a través de legisladores.
Esto derivó en que ayer, durante la visita de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, varios diputados le pideron que no permitiera la expropiación de los terrenos de Sactun.
López Obrador recordó que la respuesta del estadounidense fue que esa no era una forma adecuada de atraer inversiones, lo que el mandatario mexicano confirmó, al aseverar que no lo era, pues no atraerán inversión a cualquier precio.
“No a costa de destruir nuestro territorio”, declaró, para aclarar que lo que han hecho es una clausura, no una explotación, pues se violó la ley.
El presidente criticó la “doble moral” de los supuestos ambientalistas mexicanos que hablan de la preservación natural, pero callan sobre esta destrucción. En contraste, opinó que sería positivo que ambientalistas de Estados Unidos los ayude, porque allá sí hay organizaciones que defienden con autenticidad el medio ambiente y que se preocupan por el cambio climático.
Cuestionado sobre el esperado fallo de agosto, el presidente dijo que ojalá así sea, aunque consideró quesería una “aberración” que se permitiera seguir destruyendo.
Los jueces internacionales, indicó, ya hicieron una visita a terreno, hace unos seis meses, para que vieran la devastación.
A pregunta expresa sobre si sería ya una instancia final o si todavía hay algún posible recurso, el presidente dijo que tocaba analizar si aplica alguna ley nacional, pues “un problema en que nos metieron los neoliberales es que hay acuerdos que están por encima de nuestra constitución. Eso nunca había sucedido”.
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