Facultad de revisar la controversia constitucional por fusión de oficialía mayor, es del poder judicial local.

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Por principios de definitividad y constitucional, el tribunal superior de justicia del estado, es la primera ventanilla para conocer la controversia que el legislativo, plantea interponer ante el gobernador del estado, por el traslado de la oficialía mayor a Sefiplan.

El poder judicial del estado, con su sala constitucional, es la instancia que debe conocer sobre la inconformidad, el reclamo y recursos legal que los diputados locales podrían interponer en contra del poder ejecutivo y el gobernador Carlos Joaquín González, por presunta invasión de competencias y facultades.

En sesión ordinaria, por mayoría el pleno legislativo aprobó instruir a los integrantes de la JUGOCOPO para que analice la viabilidad jurídica de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional ante “la inminente invasión de competencia” del Poder Ejecutivo del Estado, al emitir el Acuerdo por el cual se Instruye el Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la simplificación de la administración pública y trasladar las facultades de la oficialía mayor a la Sefiplan.

El magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, del poder judicial local, explicó que, por tratarse de actos de autoridad sobre ordenamientos estatales, como son la constitución y la ley orgánica del poder ejecutivo, antes de acudir a la Suprema Corte o el poder judicial federal, deben agotarse las instancias de las autoridades, para revisar los reclamos y en su caso, proceder al amparo, cuando no satisfacen las resoluciones de la primera autoridad invocada.

El magistrado Laguardia, aclaró que deben conocerse los contenidos en el recurso legal que podrían interponer los diputados, para saber, primero si aún está a tiempo de reclamar la función de las dos dependencias y para emitir un juicio o sentencia sobre las impugnaciones presentadas, e insistió en que las tesis y jurisprudencias, así como la técnica jurídica marcan la ruta que debe seguirse en un procedimiento como el que pretenden desde la mayoria del pleno legislativo.

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