Chetumal.- Servidores públicos de nivel medio y superior de la Secretaría de la Contraloría (Secoes) del pasado gobierno joaquinista, son investigados por presuntas omisiones que provocaron la prescripción de plazos legales, causando un daño patrimonial de 7 mil millones de pesos al Gobierno del Estado.
En conferencia de prensa, Reyna Arceo Rosado, encargada de la Contraloría estatal, indicó que se trata de omisiones graves de exservidores públicos en el gobierno de Carlos Joaquín González y que hoy dan cuenta de presuntos actos de corrupción en 513 expedientes recibidos en septiembre de 2021.
Explicó que desde noviembre del año pasado se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, para castigar a los responsables.
Mencionó que en el proceso, en la actual administración se han inhabilitado 47 personas, de las cuales 41 resoluciones han quedado firmes, y se impusieron un total de 65 sanciones de junio del año pasado hasta junio de este año.
“Esta es una muestra clara que estamos actuando con rigor y firmeza”, dijo.
Aclaró que dentro de estas investigaciones no se involucra al exgobernador Carlos Joaquín González, y solo se investiga a servidores públicos que por negligencia no actuaron en su momento para ejercer lo que la ley los faculta.
Por su parte, Edgar Ramírez Morales, titular de la Fiscalía Anticorrupción, señaló que el compromiso es revisar cada una de las 847 carpetas que han sido activadas.
“Estamos hablando de carpetas que al no darle seguimiento prescribieron, por ende prescribió la posibilidad de investigar hechos del pasado”, explicó.
Reiteró que tiene el compromiso de dar cause e investigar cada una de ellas y sobre todo, que estos servidores públicos que presuntamente fueron omisos, lleguen ante la justicia.
En tanto, Carlos Felipe Fuentes, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, abundó que la principal omisión de estos exfuncionarios fue no sancionar a los responsables, escudados en la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
En el listado de inconsistencias, que suman más de 7 mil millones de pesos, se encuentran en la mayoría áreas del Gobierno del Estado del periodo comprendido del 2011 al 2016, que quedaron sin poder sancionar por haber prescrito y cuyos recursos que ya no podrán ser recuperados.
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