Tulum, Quintana Roo, 10 de diciembre de 2020.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) desarrolló una importante investigación que permitió la vinculación a proceso de la ex presidenta municipal de Tulum y tres ex servidores públicos de su administración (correspondiente al periodo 2016-2018), por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La audiencia de formulación de imputación, en lo que respecta a la carpeta administrativa 79/2020, se llevó a cabo este día; posteriormente se registró la vinculación a proceso de las personas identificadas con las iniciales R. D. C., ex presidenta municipal; S. P. C., ex tesorero; O. I. Z. A., oficial mayor y K. E. B. C., ex directora de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En consecuencia, el Juez de Control ordenó la colocación de localizadores electrónicos a las y los ex servidores públicos como medida cautelar, tal y como lo marca el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (facción XII).
Las y los cuatro servidores públicos fueron señalados en la probable participación o comisión de un hecho que la Ley señala como el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, de acuerdo con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Los Fiscales Anticorrupción, responsables de la imputación, expusieron ante el Juez que dicha conducta se detectó el 19 de octubre de 2017, durante el periodo constitucional de su administración municipal.
En específico, se reflejó cuando firmaron y autorizaron el contrato de prestaciones de servicio identificado con la terminación RP/017/2017 con le persona moral empresarial Becka SA de CV.
La firma de dicho contrato contravino o no se sujetó a lo que señala el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Municipio de Tulum (principalmente en el artículo 48 fracción I, por licitación pública); así como la Ley de los Municipios (artículo 90 fracción I) y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo (artículo 47 fracción I, XXII).
Esto también quiere decir que dicha acción fue inobservada de manera dolosa por parte de las y los servidores públicos, al no llevar a cabo los procedimientos como lo marcan dichas normas.
Tras la vinculación a proceso, el Juez finalizó decretando dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que fenecerá el día 10 de febrero de 2021.
Es importante señalar que el día de hoy se difirió otra audiencia, con respecto a la carpeta administrativa 74/2020, en contra de la ex presidenta municipal y otros tres servidores públicos; el motivo fue por la falta de asistencia de un asesor legal.
