Brasil y Colombia sugirieron la realización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio, una decisión que es duramente cuestionada por la oposición venezolana y la comunidad internacional.
En medio de la crisis postelectoral, que desató protestas con un saldo de 25 muertos y más de dos mil 400 detenidos, Brasil y Colombia se posicionaron como líderes en los esfuerzos internacionales para resolver la situación.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió en una entrevista celebrar nuevas elecciones con “la participación de todos los candidatos (…) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones”.
Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, también abogó por “nuevas elecciones libres” con garantías para la acción política y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
La oposición, liderada por María Corina Machado, publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas escrutadas, que asegura prueban la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos.
“Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo”, dijo Machado en una rueda de prensa virtual desde la clandestinidad.
México, que inicialmente participaba en estas gestiones, tomó distancia, a la espera de un fallo de la corte suprema de Venezuela sobre la solicitud de Maduro para “certificar” su elección.
“Vamos a ver qué resuelve el tribunal (…), no creo que sea prudente el que nosotros, de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.
En paralelo, el Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, aprobó un controvertido paquete legislativo que incluye la regulación de las oenegés y las redes sociales, generando preocupación entre activistas.
Las oenegés son blanco frecuente de ataques desde el poder. La ley las obliga, por ejemplo, a inscribirse en un registro local y hacer una “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”. Su incumplimiento implica multas de hasta 10 mil dólares.
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión extraordinaria para discutir la situación en Venezuela, evidenciando la creciente preocupación internacional por la crisis en el país sudamericano.
