El Parlamento de Venezuela, bajo control chavista, retomó el debate sobre una controvertida ley para regular las organizaciones no gubernamentales, como parte de un paquete legislativo que ha generado un clima de tensión y advertencias internacionales sobre la situación política en el país.
La discusión fue suspendida después de menos de una hora debido a desacuerdos en la redacción de un artículo específico. No se ha establecido una nueva fecha para reanudar el debate. La ley forma parte de un intento de la Asamblea Nacional para “respetar el resultado electoral”, en medio de alegaciones de fraude.
La disposición propuesta para regular las oenegés prohíbe la promoción de actividades políticas y exige que las organizaciones se inscriban en un registro local, revelen las donaciones recibidas y detallen la identidad de los donantes. La normativa también busca castigar a las organizaciones por “promover el fascismo” o “intolerancia”, y prohíbe recibir fondos para actividades políticas.
Este paquete legislativo incluye además una normativa para regular las redes sociales y una ley contra el “fascismo”, la cual contempla multas de hasta 100 mil dólares y la ilegalización de partidos políticos que promuevan reuniones o manifestaciones de “apología al fascismo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que estas normativas restringen arbitrariamente derechos fundamentales, mientras que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades a no adoptar leyes que socaven el espacio cívico y democrático.
