La oposición nicaragüense en el exilio criticó una iniciativa de ley, propuesta por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que busca obligar a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios.
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde advirtió que la iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, busca “vigilar” a los nicaragüenses y a todas aquellas personas con teléfonos celulares de Nicaragua.
El exdiputado nicaragüense desnacionalizado Eliseo Núñez, miembro de Monteverde, dijo que en particular les preocupa el artículo 109 de esa iniciativa, “donde dice que es la obligación de darle información al ente regulador” de lo que consumen los usuarios.
Ese artículo establece que “los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.
“Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, según el proyecto.
Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según Núñez, normalmente la información en temas estadísticos sí la maneja Telcor, “pero la información detallada de la que hablan ellos (en la iniciativa), es información que, salvo orden judicial, no se le podía dar al ente regulador”.
“Ahora lo deja bastante amplio. No lo dice exactamente, pero incluso tiene la capacidad de poder pedir qué es lo que vez en televisión, qué es lo que estás consumiendo en términos de redes sociales, con quien hablas y con quien te comunicas”, sostuvo.
Con esa información, advirtió el dirigente opositor, se pueda elaborar un perfil de una persona, “principalmente de los empleados estatales, de los que ellos tienen sospecha que se están inclinando” a la disidencia.
Por tanto, para Núñez, el Gobierno quiere esa ley para perfilar a las personas que sean de su interés en Nicaragua, entre los que mencionó a los del Ejército, la Policía y los empleados estatales.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo argumentó que es necesario actualizar esa Ley debido a que la misma es totalmente anacrónica y obsoleta y su “extrema longevidad” contrasta con los vertiginosos avances tecnológicos.
Entre otros, la iniciativa obliga a los operadores a “unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del Gobierno de manera gratuita sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional”.
Según el Ejecutivo, la nueva ley está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua.
Con información de EFE
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