Defensores de los derechos civiles demandaron al estado de Oklahoma para detener la implementación de una nueva ley estatal que permite a la policía arrestar a los migrantes que no puedan demostrar su presencia legal en Estados Unidos.
La medida, firmada a finales de abril por el gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, establece el delito de “ocupación inadmisible”, por el que cualquier vecino que sospeche de la presencia ilegal de migrantes puede denunciarles por “presencia ilegal” sobre la base de “supuestas declaraciones”.
Esta disposición, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, otorga a las fuerzas del orden la capacidad de detención de los sospechosos hasta que estos puedan demostrar su derecho legal a residir en Estados Unidos.
Además, la normativa da la autoridad a los agentes para preguntar sobre el estatus migratorio durante interacciones de rutina, como paradas de tráfico o investigaciones.
La demanda entablada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y su filial de Oklahoma, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el bufete de abogados Rivas & Associates alega que la ley es inconstitucional.
“La HB 4156 es uno de los proyectos de ley antimigrantes más extremos jamás aprobado por cualquier estado. Las autoridades y los magistrados locales carecen de la experiencia y la autoridad constitucional para interpretar y hacer cumplir las leyes de inmigración”, advirtió en un comunicado Tamya Cox-Toure, directora de la ACLU de Oklahoma.
Con la aprobación de esta ley, Oklahoma sigue a otros estados republicanos que han aprobado una variedad de leyes antimigrantes.
El martes pasado el Departamento de Justicia Estados Unidos (DOJ) también presentó una querella legal contra Oklahoma para tumbar la ley antimigrante.
“Hemos presentado esta acción para garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso de EE.UU. para la regulación de la inmigración”, dijo en un comunicado Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia.
El DOJ y los grupos como ACLU mantienen, por separado, varias batallas legales para detener la implementación de las medidas que interfieren con el poder que tiene el gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.
Con información de EFE
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