Organizaciones defensores de los migrantes demandaron en una corte federal de Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México argumentando que es “inconsistente” con un estatuto que lo rige.
La orden, que entró en vigencia el pasado 4 de junio, permite a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.
La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), argumenta que la regulación “es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo ‘ya sea que entren o no’ por un puerto de entrada”.
Además, los demandantes advierten que la medida también crea obstáculos “potencialmente insuperables” para que los migrantes busquen otros tipos de protección, según dijo ACLU en un comunicado. Los defensores de los migrantes han asegurado que la nueva orden hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración de Donald Trump en 2018, que fue derrotada en las cortes.
Los demandantes aseguran que la restricción cerrará “efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos”, dijo el abogado Lee Gelernt, directivo de ACLU.
Subrayó que la Administración Biden “carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, agregó.
Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que también participa en la demanda, dijo en un comunicado que la orden “exacerba el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura”.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), y el bufete de abogados Jenner & Block LLP también participan la querella presentada a nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAÍCES).
La demanda, presentada en una corte federal de Washington, ha pedido al tribunal que ponga un alto a la implementación de la medida.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a ABC el domingo pasado que está listo para defender la orden emitida en las cortes.
“No es sólo una cuestión de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores”, señaló el secretario.
Con información de EFE
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