Un centenar de migrantes desbordó a la Guardia Nacional de Texas en El Paso dejando una nueva escena de caos en la frontera, militarizada y blindada pero incapaz de contener oleadas humanas, mientras se refuerzan otros cruces ante las denuncias de “invasión” del estado sureño.
Efectivos de la Guardia Nacional en la localidad de Eagle Pass levantaron una nueva línea defensiva de vallas y alambre de púas a lo largo del Río Grande, en espera de nuevas entradas de inmigrantes. Estos dejan marcas de su periplo al cruzar la frontera desde México hasta Estados Unidos.
Mochilas, zapatos y ropas desgarradas yacen en las cuchillas de la concertina extendida por el gobierno de Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, que se enfrenta a lo que en su opinión es la inacción del Gobierno federal frente a la crisis migrante.
“Ahora no dejan que los migrantes se acerquen o que merodeen por la ciudad, pero no hace tanto esto estaba lleno de familias con niños migrantes y otros que yo creo que eran criminales o terroristas”, explica Araceli Rosales, una residente de Eagle Pass, donde hoy un grupo de guardias nacionales trabajaba para cerrar los huecos abiertos en el cercado que sigue el curso del Río Grande.
Aún esta tarde eran visibles las huellas de los dedos que arrancan casi a diario tierra bajo las alambradas para poder escamotearse y adentrarse en el inhóspito condado de Maverick, arriesgándose a una detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) o a kilómetros interminables de ranchos de mesquite, un arbusto lleno de espinas que no permite descanso después de superar las concertinas.
En El Paso, un centenar de inmigrantes protegidos por ropa de invierno y guantes superaron las barreras extendidas por el estado de Texas en la frontera y se entregaron a un grupo de guardias nacionales, mientras que otro grupo se zafó de ellos a empujones y a la carrera para emprender la huida hacia Estados Unidos.
Las escenas de esta tarde son otro ejemplo del agravamiento de la crisis migratoria en plena pelea judicial entre el gobierno de Abbott y la administración federal del presidente Joe Biden, que tiene la potestad de controlar las fronteras y ordenar la política aduanera y migratoria.
El gobierno de Abbott insiste en aplicar una ley migratoria estatal, la llamada SB4, que convierte en delito cruzar ilegalmente al estado desde México y que reserva penas más duras para los reincidentes, algo que ha elevado las críticas del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y hace temer a las organizaciones proinmigrantes discriminación racial a lo largo de la frontera.
Una corte federal de apelación mantiene la ejecución de esa ley suspendida, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. decidiera esperar a que se dirima en esa instancia inferior, y después de varias pausas que han generado una gran confusión entre las fuerzas del orden y la asociaciones de apoyo al migrante.
El panel de jueces del tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que se reunió de urgencia ayer miércoles, parece dividido sobre varias cuestiones relativas a la ley SB4, como la posibilidad de que la autoridades de Texas puedan devolver inmigrantes a México, algo que ahora es una prerrogativa del Gobierno federal.
El gobernador Abbott ha pedido que se permita que la ley, una afrenta del republicano al gobierno de Biden en pleno año electoral, entre en vigor hasta que el Supremo, con mayoría conservadora, decida sobre su constitucionalidad.
Mientras tanto, los inmigrantes esperan al otro lado del río con la incertidumbre de si serán procesados, como ocurre ahora, en un centro de la Patrulla Fronteriza, o tratados como criminales. Al otro lado les esperan cada vez más alambres de espino.
Con información de EFE
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