La lideresa opositora venezolana, María Corina Machado, lanzó una advertencia sobre el grave riesgo que representa comprometer la independencia del Poder Judicial. Sus declaraciones se enmarcan en un momento en que el debate sobre este tema sacude la política en México.
Machado expresó para TV Azteca que es “extremadamente peligroso (atentar contra la autonomía del poder judicial), y espero que la experiencia venezolana sirva como advertencia para otros países en el mundo, no solo en América Latina”.
También remarcó que “mantener la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo es esencial para que una democracia se mantenga viva, a pesar de sus debilidades”. En ese sentido, la política subrayó que en Venezuela, la manipulación del poder judicial se convirtió en una herramienta del régimen, con consecuencias devastadoras para la democracia. “De hecho, hace una semana aquí, varios fiscales fueron despedidos por negarse a emitir acusaciones infundadas contra jóvenes inocentes”, aseguró.
Al recordar los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez, la exdiputada detalló cómo el expresidente reemplazó a la mayoría de los jueces. A principios de 1999, una asamblea constituyente convocada por Chávez redactó una constitución que supuestamente garantizaba la independencia del poder judicial y la autonomía de la Corte Suprema.
Sin embargo, en mayo de 2004, Chávez firmó una ley que permitió a su coalición gobernante obtener una mayoría en el máximo tribunal del país. Esta ley facilitó la selección de 17 nuevos magistrados y 32 suplentes por una simple mayoría de votos de la coalición, sin revelar los nombres a la oposición hasta el momento de la votación.
“Ese fue uno de los primeros pasos que Chávez dio al llegar al poder: en pocos años, más del 90% de los jueces fueron reemplazados, y más del 95% de los jueces actuales no son titulares, sino temporales. Se les deja en claro que cualquier sentencia contraria a los intereses del régimen resultará en su despido inmediato”, afirmó.
Human Rights Watch documentó cómo la independencia judicial en Venezuela fue destruida. De las 45 mil sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de 2004 a 2020 , ninguna fue en contra del Gobierno. Asimismo, la organización denunció que “Venezuela niega a sus jueces una de las salvaguardias fundamentales de la independencia judicial: la estabilidad en el cargo”, además subrayó que “la gran mayoría de los jueces del país son provisionales o temporales”, lo cual “los hace más vulnerables a las presiones externas destinadas a influir en la aplicación de la ley”.
La situación culminó con la reciente validación de los resultados electorales que confirmaron a Maduro en la presidencia, a pesar de las manifestaciones y la represión que dejó más de dos mil 400 detenidos.
Al concluir su intervención, la dirigente de Vente Venezuela destacó que “lo que ocurre en Venezuela es una alerta para el mundo, especialmente para América Latina, sobre la necesidad de proteger y defender las instituciones democráticas para preservar la democracia, la libertad y el bienestar de los pueblos”.
