El Congreso de Nicaragua aprobó una reforma al código penal que permitirá juzgar a quienes cometan acciones en el extranjero contra el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo penas de hasta 30 años de prisión. Esta medida, que según la oposición será utilizada como una “herramienta de represión transnacional“, afecta tanto a nicaragüenses como a extranjeros y contempla la confiscación de bienes.
La norma, que entrará en vigor tras su publicación oficial, también extiende estas sanciones a empresas y ONG. La decisión coincide con una advertencia de la ONU sobre el “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, que incluye un aumento en las detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución de opositores.
Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses según la ONU, el gobierno de Ortega ha intensificado la represión y cerrado más de cinco mil 500 oenegés, confiscando sus bienes.
Félix Maradiaga, excandidato presidencial exiliado en Estados Unidos, afirmó que esta ley “extiende el alcance represivo de Ortega a nivel internacional”, permitiéndole perseguir a disidentes en cualquier lugar del mundo.
Esta postura fue respaldada por la ONG Cejil, que considera que la reforma busca “legitimar nuevas prácticas violatorias de los derechos humanos”. Según Claudia Paz y Paz, directora de Cejil para México y Centroamérica, este tipo de juicios vulneran garantías fundamentales del derecho a la defensa.
Por su parte, Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, ahora exiliado, advirtió que Ortega busca dar un “revestimiento jurídico” a sus acciones represivas. Aseguró que esta reforma permite al régimen seguir atacando a sus adversarios políticos, consolidando un marco legal que perpetúa la persecución contra cualquier voz crítica, dentro y fuera del país.
