Editorial
La crisis venezolana, a un mes de las elecciones del 28 de julio
Benigno Alarcón Deza, Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
RADAR LATAM 360 desea expresar su especial agradecimiento a Benigno Alarcón Deza por su riguroso artículo para el editorial de este sábado 07 de septiembre de 2024.
Un mes después de la elección presidencial, mientras avanza el tiempo, el gobierno de Maduro trata de afianzar su narrativa de que continuará al frente del poder durante seis años más, por lo que cada día que corre de aquí a comienzos de 2025 juega a su favor. Busca, en ese sentido, ir “normalizando” la situación del país, a pesar de que la mayor parte de los ciudadanos y la comunidad democrática internacional se resisten a reconocer tal legitimidad, sobre todo porque que el Consejo Nacional Electoral nunca llegó a mostrar las actas que dieran como ganador al candidato oficialista.
El liderazgo opositor considera que mientras más se acerque enero, más posibilidades habrá de que la gobernabilidad se resquebraje, aunque se reconoce que en buena medida esto dependerá de que se genere suficiente presión interna y medidas efectivas por parte de la comunidad internacional.
Por ahora, no se perciben grietas dentro del gobierno, donde se han dado reajustes en el equilibrio y contrapesos entre poderes y actores clave, a través de un cambio de gabinete; mientras que la dirigencia opositora se mantiene unida en torno a la defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia, aunque con una actuación limitada producto de la persecución a la que ha sido sometida.
Desde una perspectiva estratégica, es evidente que la oposición enfrenta serios desafíos tras los eventos del 28 de julio. Algunos sectores de la oposición ya estarían considerando la posibilidad de participar en las elecciones regionales y parlamentarias programadas para 2025. Sin embargo, lo ocurrido ha fracturado la credibilidad del proceso electoral como vía legítima para acceder al poder. Las irregularidades y la falta de transparencia han socavado mucho más de lo que ya estaba la poco confianza en las instituciones encargadas de velar por la integridad del voto.
Aunque podría haber promesas futuras de reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) o de permitir la participación de observadores internacionales independientes, la realidad es que la legitimidad de este y todos los comicios queda gravemente comprometida. Los sectores más críticos ven con escepticismo cualquier cambio estructural que no venga acompañado de garantías reales y verificables de imparcialidad. En otras palabras, las elecciones, como mecanismo de renovación democrática, han perdido su validez a los ojos de la mayoría del electorado, lo que no resuelve el conflicto, sino que, por el contrario, lo agrava y abre cualquier vía imaginable para su resolución.
Además, el régimen ya ha dejado claro que aquellos actores que no reconozcan el veredicto oficial del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los comicios del 28 de julio no podrán participar en los futuros procesos electorales. Esta amenaza no solo pone a la oposición en una encrucijada sobre su participación electoral, sino que también refuerza el carácter selectivo y excluyente de los próximos comicios, lo que mina aún más las posibilidades de un proceso verdaderamente competitivo y libre.
Para los estrategas políticos opositores, esta situación plantea una decisión crítica: persistir en la lucha dentro de un marco electoral que parece diseñado para perpetuar el control del oficialismo, o explorar nuevas formas de movilización y presión que generen un cambio real en las condiciones políticas del país.
Dentro de la oposición, la estrategia sigue siendo defender sin tregua el triunfo de Edmundo González Urrutia, aunque para darle mayor energía a este propósito hay quienes consideran que se requiere ampliar la alianza con otros actores, especialmente con fuerzas de la sociedad civil. Sobre todo, para poder vigorizar las movilizaciones, pues existe preocupación por el impacto que el miedo a las detenciones y la información poco clara han tenido sobre la asistencia a las concentraciones, ya que se entiende que para generar presión el volumen de las manifestaciones debe ser muy superior al registrado en las últimas semanas. Requerirían estrategias comunicacionales más efectivas con las bases, con mensajes alineados con otros sectores de la sociedad civil, para superar los problemas que en esta materia parecen estar presentes en las últimas semanas, a diferencia de lo que ocurría durante la campaña.
Nueva escalada migratoria
Mientras avanzan los días, comienza a configurarse una nueva escalada migratoria que ya se está observando hacia Brasil, España y Colombia. En la frontera de Roraima y según datos del ejército de Brasil, responsable de la “operación acogida” desde el 30 de julio hasta el 4 de septiembre, han arribado 10.468 venezolanos con intención de quedarse en ese país o de continuar su marcha hacia otros países de América del Sur. El paso diario promedio de 300 personas ha subido en la última semana a 900 migrantes, lo que ha hecho que agencias como ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones hayan suspendido sus planes de retirada de la zona y ahora se plantean mantenerse indefinidamente en los refugios.
En el caso de Colombia se registra en cruce de unas 1.200 personas diariamente, sumando los puntos de Cúcuta y la Guajira. El flujo de carros por puesto que hacen la ruta San Cristóbal, San Antonio hacia Cúcuta aumentó de 20 vehículos diarios a 200, un indicativo del movimiento en ese punto de la frontera. Y en España el ingreso cada jornada es de 200 venezolanos con planes de quedarse.
Además, en otros países como Chile, Argentina, República Dominicana y Perú están evaluando el impacto de esta nueva ola migratoria, aparte de Estados Unidos, donde en algunas ciudades ya se están haciendo preparativos por parte de organizaciones no gubernamentales y religiosas, como es el caso de Chicago.
Una de las características que empieza a observarse en este proceso es que venezolanos que se sienten perseguidos políticamente han tenido que buscar refugio fuera de las fronteras, especialmente hacia Cúcuta, Medellín y Bogotá. Se conoce que unos 300 militantes de Vente Venezuela han tenido que huir a Colombia.
La administración de sanciones
Cuando se hicieron los anuncios de cambios ministeriales hace dos semanas, se generó un efecto psicológico que el gobierno buscaba en su línea de generar temor en la población para hacer menos necesaria la represión. Pero, además, configuraba una nueva estructura de reparto de poder, cada uno con una misión.
La reciente designación de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz es un indicio claro de que se avecinan cambios significativos en la gestión de la seguridad ciudadana en Venezuela. Conocido por su línea dura, asume esta cartera clave en un contexto donde se ha registrado una intensificación de las prácticas represivas para consolidar el control del Estado. Bajo su liderazgo, se espera que figuras como el General Gustavo González López, Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, director de Asuntos Especiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y el comisario José Miguel Domínguez, jefe de la Dirección de Acciones Tácticas y Estratégicas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana, adquieran aún más protagonismo en las operaciones de seguridad, con lo que estas se convertirían en un mecanismo más de control social y político, bajo una estructura diseñada para sofocar de manera temprana cualquier disidencia o amenaza al poder establecido.
El otro movimiento relevante es el nombramiento de Delcy Rodríguez, quien además de estar a cargo de la Vicepresidencia ejecutiva, asume el Ministerio de Petróleo y pone a dos figuras de su círculo de confianza a cargo de Finanzas (Anabel Pereira) y de PDVSA (Héctor Obregón Pérez), con el detalle de que ambos tienen amplia experiencia en la gestión de criptomonedas y en sistemas económicos alternativos, mecanismos que les permitirán realizar transacciones financieras y petroleras sin que sean afectadas por las restricciones de las sanciones.
Esto indica que se están tomando las previsiones ante la posibilidad de que se suspendan las licencias petroleras o que se limiten, aunque existe un proceso de lobby que ha convencido al gobierno de Estados Unidos de que las sanciones económicas solo incentivarían que otros países como China, Irán y Rusia tomen el control de procesos de producción petrolera en el país.
Rodríguez, además, tiene un rol de buscar la “normalización económica” y por ello se reunió la semana pasada con la banca venezolana, para anunciarles que podrían actualizarse sus tarifas -hasta ahora controladas-, contarían con un menor encaje para que pueda aumentar el crédito y tendrían la posibilidad de intercambiar excedentes de divisas entre las distintas instituciones.
El Banco Central, en esa misma línea, publicó cifras del PIB que reflejan crecimiento de la economía, pero los economistas tienen dudas sobre el tamaño del PIB y la metodología utilizada, de manera que habrá que esperar para evaluar si se trata de una medición confiable. En todo caso, la “normalización económica” en un entorno de incertidumbre es poco probable. Ya en agosto se observó una caída del 10% en las ventas, lo que indica el frenazo que se está sintiendo en la actividad económica.
La presión internacional
Donde ha perdido terreno el gobierno, sin duda, es en el campo de la opinión pública en general y la internacional en especial, por lo que luce cuesta arriba una normalización de relaciones. Muchos gobiernos han reconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia, o al menos no reconocen el supuesto triunfo de Maduro, varias instituciones han manifestado que el proceso electoral no fue transparente, y otras han denunciado violaciones a los derechos humanos durante el periodo postelectoral.
Casi al unísono, la comunidad internacional democrática criticó la decisión del TSJ de avalar el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, y más recientemente cuestionó el anuncio de captura de Edmundo González Urrutia por parte de un Tribunal de Terrorismo a solicitud de la Fiscalía.
Parte de los cuestionamientos, los que más molestia general al ejecutivo, siguen viniendo de países que hasta hace poco se veían como muy cercanos al gobierno venezolano. Precisamente, sobre la orden de captura a González Urrutia, llamó la atención el tono del reclamo de Celso Amorín, asesor de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre lo inaceptable de la medida contra Edmundo González y sobre la innegable escalada autoritaria del gobierno de Maduro. Y la declaración difundida por las cancillerías de Colombia y Brasil se refiere directamente, por primera vez, al incumplimiento de los Acuerdos de Barbados por parte del gobierno venezolano.
Lo cierto es que Miraflores se encuentra ante un evidente aislamiento internacional que en parte alienta con sus propias acciones, pero que limita su margen de maniobra. A la vez, ha venido cultivando acercamientos con regímenes afines, cercanos y lejanos, especialmente la aproximación a los BRICS, con expectativas –quizá excesivas– sobre la cita de octubre en Rusia, a la que ha sido invitado.
Conclusiones
El gobierno venezolano avanza en su estrategia de ganar tiempo, con el objetivo de desalentar a la oposición y generar una percepción de normalidad en el país. Para lograrlo, ha recurrido a la represión y persecución, limitando las acciones de la dirigencia opositora y generando miedo en la ciudadanía, lo que ha frenado las concentraciones de apoyo al triunfo de Edmundo González Urrutia. Este clima de persecución política ha debilitado la capacidad de movilización popular, un factor crucial para que la oposición pueda consolidar un espacio de transición democrática.
Este escenario plantea un desafío crítico para el liderazgo de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática. Si bien una amplia movilización ciudadana es fundamental para abrir oportunidades de transición, también es necesario que cada ciudadano asuma un rol activo en este proceso de cambio. La lucha no se limita a las grandes concentraciones, sino también el civismo activo, el cual implica que, desde cada espacio, la gente se organice, difunda información y realice pequeñas acciones cotidianas de resistencia pacífica. A la dirigencia opositora le toca evaluar una estrategia que le permita impulsar un mensaje unificador, claro y esperanzador, que convoque a todos los sectores de la sociedad, incluyendo aquellos que han sido neutralizados por el miedo o la desesperanza.
Esto debe complementarse con esfuerzos diplomáticos internacionales, que amplifiquen las denuncias y mantengan la presión sobre el régimen, para que el cambio político pueda abrirse paso. La comunidad internacional ha venido exigiendo la publicación de las actas de votación como una medida mínima de transparencia, y al mismo tiempo explora posibles vías de negociación que permitan superar el conflicto político, aunque las posibilidades de éxito parecen cada vez más remotas.
En paralelo, la incertidumbre se profundiza en Venezuela, agobiando a una población que ya muestra signos de desesperanza, reflejados en el aumento de personas que cruzan las fronteras principalmente hacia Colombia y Brasil por tierra, y por vía aérea hacia España, marcando el inicio de una nuevo éxodo que posiblemente se intensificará entre enero y diciembre del próximo año.
En definitiva, mientras el gobierno apuesta por consolidar su narrativa de estabilidad a través de la represión, la persecución política y el control mediático, la oposición enfrenta el reto de revitalizar la movilización social para reactivar el proceso de transición y evitar que el país continúe sumido en la crisis política y social.
Radar político
Venezuela: La Fiscalía ha girado una orden de captura contra Edmundo González Urrutia después de que el candidato presidencial opositor no acudiera a tres citaciones a declarar. Se le acusa de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y “sabotaje a daño de sistemas” por la publicación del 83,5% de las actas de votación recogidas por los testigos el 28 de julio. La orden de detención, firmada este mismo lunes, fue remitida a un tribunal especializado en terrorismo. María Corina Machado ha asegurado que los jerarcas del régimen “han perdido toda noción de la realidad” y Maduro que «nadie está por encima de las leyes”.
Venezuela: Los gobiernos de Brasil y Colombia expresaron preocupación por la orden de detención emitida por el gobierno de Nicolás Maduro contra González Urrutia. «Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia», aseguraron los dos gobiernos en un comunicado conjunto. Los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, han intentado mediar en la crisis que Venezuela: no han reconocido aún la victoria de Maduro, pero tampoco se han decantado por González Urrutia. En este nuevo comunicado conjunto no hacen tampoco referencia a ningún ganador.
México: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el legislativo el domingo 1 de septiembre su sexto informe de Gobierno, último balance sobre el estado general de la Administración pública, que fue el más largo del sexenio (2018-2024). López Obrador, que entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, defendió su gestión y las reformas que está promoviendo en esta recta final de su mandato (en especial la judicial). Una reforma judicial que fue aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados y que el gobierno está a falta de un solo voto en el Senado para aprobarla en medio de credientes protestas y decisiones judiciales que bloquerían la reforma.
Nicaragua: El régimen de Daniel Ortega excarceló a 135 presos políticos y los desterró a Guatemala. Los excarcelados ya se encuentra en territorio guatemalteco y se les ofrecerá la oportunidad de solicitar formas legales de ir a Estados Unidos u otros países. Entre los 135 ciudadanos nicaragüenses liberados se encuentran los 13 miembros de la organización Puerta de la Montaña, con sede en Texas, junto con laicos católicos y estudiantes. La liberación y traslado de los presos políticos se produce tras candelar el régimen 1.700 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas religiosas.
Brasil: El país ha estado pendiente de la decisión de Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender la red social X por no cumplir con la ley que exige nombrar un representante legal local. Hasta que se resuelva este asunto, la plataforma permanecerá inaccesible en Brasil. Moraes, que tiene el apoyo de Lula, llevaba meses de fuertes tensiones con el propietario de X, Elon Musk. El 8 de agosto, Moraes había ordenado el bloqueo de siete perfiles partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en la red social, pero X no cumplió con la decisión judicial. Además, el otro gran asunto de la semana ha sido la decisión de Lula de destituir este viernes a su ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida después de que varias mujeres denunciaran a Almeida por acoso sexual. La situación detonó un problema al interior de la coalición que encabeza Lula porque una de las denunciantes es Anielle Franco, la ministra de Igualdad Racial y hermana de Marielle Franco, uno de los símbolos de la defensa de los derechos humanos de Río de Janeiro, cuyo asesinato, en 2018, conmovió al país.
https://www.bbc.com/mundo/articles/c0rwjll15yqo
Argentina: El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó el veto a un proyecto de ley aprobado por el Congreso para reformular el sistema de actualización de las pensiones. A través del decreto 782/2024, publicado en la madrugada del lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de la oposición que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso. Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas estatales la implementación de la ley.
Chile: El escándalo de Luis Hermosilla monopoliza la actualidad chilena. El Presidente Gabriel Boric negó que exista preocupación por parte del gobierno luego de que se haya permitido la entrega del contenido del teléfono a la defensa. Hermosilla es un abogado que está en prisión preventiva y que enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en delitos de lavado de activos, soborno y fraude tributario. Hermosilla es protagonista de un audio filtrado, que publicó el 14 de noviembre de 2023 el medio Ciper Chile en el que el abogado menciona pagos a funcionarios públicos. El caso se produce a un mes de las elecciones locales y a gobernador.
Bolivia: El país andino vive horas convulsas que anuncian futuros escenarios de crisis. La Asamblea de la Cruceñidad ha rechazado resultados del Censo y convocó un paro departamental mientras la Asamblea de la Paceñidad rechazaba resultados del Censo: exige revisión y auditoría internacional. Los datos del censo son claves porque sirven para repartir los ingresos fiscales y la representación de cada departamento en la Asamblea Legislativa. Además, Evo Morales ha convocado una marcha el 17 y bloqueo de caminos en octubre para defender su derecho a ser candidato en 2025. Morales confirmó la expulsión definitiva del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca del Movimiento Al Socialismo (MAS) que controla el ala evista. Por su lado, el gobierno luego de cumplirse los plazos previstos por la ley para la realización del referéndum consultivo, anunció que continuará con el trámite para realizar esta consulta popular en temas de la subvención de gasolina y diésel y la prohibición de la reelección que afectaría a Morales.
Honduras: Un reportaje de InSight Crime señala que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con narcotraficantes en 2013 y le ofrecieron donar más de US$500 mil para la campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, admitió que se reunió con narcotraficantes en 2013, aunque negó haber recibido dinero, y anunció su renuncia como secretario del Parlamento hondureño. InSight Crime resalta que el vídeo confirma “las antiguas sospechas de que el actual partido de gobierno de Honduras, al igual que políticos como (Juan Orlando) Hernández, no fue ajeno a la influencia del dinero del tráfico de drogas”. En el país se ha intensificado la petición de que Xiomara Castro presente la renuncia. La presidenta ha denunciado un complot en su contra.
Guatemala: El presidente Bernardo Arévalo participó en la conmemoración del 151 aniversario de la Escuela Politécnica y el Día del Cadete y en su discurso resaltó que debe haber una transformación en el Ejército, ya que han identificado varias debilidades. Arévalo dijo que anteriormente el Ejército de Guatemala «estaba al servicio de los políticos de turno». El mandatario resaltó que hicieron un “análisis minucioso” de la institución castrense, en el cual detectaron algunas «flaquezas críticas que era necesario enfrentar para avanzar en la consolidación de una institucionalidad al servicio de un Estado democrático».
Radar electoral
Uruguay: El último sondeo de la encuestadora Opción muestra que el opositor Frente Amplio (izquierda) sería el más votado en las elecciones presidenciales de octubre con el 43% y que la coalición de centroderecha en el poder actualmente reuniría el 42% distribuido en diferentes candidaturas. El 23% votaría por el partido de gobierno (Partido Nacional) y el resto lo haría por las fuerzas que le respaldan: el 14% por el Partido Colorado, el 4% por Cabildo Abierto y el 1% por el Partido Independiente. Además, otro 1% se inclinaría por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y otro 1% por Identidad Soberana. El 13% restante votaría en blanco o anulado o aún no lo tiene definido (este total incluye a aquellos que dijeron tener una inclinación por otros partidos que no alcanzan el 1% de los votos).
Brasil: Sao Paulo va a ser la madre de todas las batallas electorales en los comicios municipales de octubre. Según la encuestadora Datafolha hay un triple empate en la pugna por convertirse en alcalde paulista. Guilherme Boulos (izquierda, apoyado por Lula da Silva) lidera las encuestas con el 23% seguido de Ricardo Nunes -centroderecha, actual alcalde- y Pablo Marçal con el 22%. Tanto Boulos como Nunes derrotarían en segunda vuelta al outsider Marçal que esgrime un estilo y lenguaje bolsonarista aunque no está alineado con el expresidente. En Río de Janeiro la pelea está más decantada puesto que el actual alcalde, Eduardo Paes (centroderecha), tiene un 59% de intención de voto.
Bolivia: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la improcedencia de la consulta de constitucionalidad de las preguntas del referéndum planteadas por el presidente Luis Arce sobre la subvención de combustibles y la reelección presidencial. Arce envió hace una semana al TCP las preguntas reformuladas del referéndum y el martes entregó su memorial de manera física en la ciudad de Sucre. Las preguntas fueron reformuladas después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observara (por falta de imparcialidad, precisión y claridad) las primeras consultas que el mandatario les había enviado. Arce buscaba que el referendum coincidiera con las elecciones judiciales del 1 de diciembre y aspiraba a impedir la candidatura presidencial de Evo Morales. Pese a todo el Gobierno continuará con el trámite para realizar esta consulta popular.
Ecuador: Daniel Noboa ha llevado a cabo una remodelación del gabinete. Ha renunciado el ministro ecuatoriano de Deporte, Andrés Guschmer y los titulares de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como de Turismo, Sade Fritshchi y Niels Olsen. El presidente de Ecuador designó a José Jiménez como ministro de Deporte, a Inés Manzano en reemplazo de Fritschi y encargó el Ministerio de Turismo a Mateo Estrella. Estas dimisiones se producen para que los funcionarios públicos puedan ser candidatos en las elecciones de 2025.
Chile: El país andino ha entrado en su primera semana completa de campaña electoral para las elecciones a alcaldes y gobernadores de octubre que se realizarán en dos días y cuyo voto es obligatorio. Se trata de un duelo que va a medir las opciones con vistas a las presidenciales de 2025 del centroderecha -Chile Vamos-, donde despunta la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien realizó un masivo evento en Santiago. La cita va a ser tmbién una prueba sobre la fuerza del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast (derecha) y la que tienen en el oficialismo de Michelle Bachelet y la ministra del Interior, Carolina Tohá, quienes en estas elecciones apoyan a los candidatos oficialistas y de la DC (pacto Contigo Chile Mejor) y que suenan como posibles presidenciables para 2025.
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2024/09/01/1141398/inicio-campanas-elecciones-octubre.html
Radar económico Social
Brasil: La economía brasileña se expandió un 1,4% en el segundo trimestre del año acelerándose desde el 1% registrado en el primer trimestre y fue la sexta que más creció en el mundo. El desempeño intertrimestral estuvo por encima del aumento del 0,9% esperado en un sondeo entre economistas. El crecimiento interanual alcanzó el 3,3%, superando el aumento del 2,7% proyectado. En declaraciones a los periodistas, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que la expansión anual podría superar el 2,7% o el 2,8%. En julio, el gobierno había mantenido sin cambios su previsión de crecimiento del PIB en el 2,5% para el año.
México: Las exportaciones mexicanas crecieron 7,8% en julio a un récord de US$ 41.940 millones, con lo que hilaron cinco meses de alzas y, de hecho, mejoraron su desempeño interanual luego de avanzar 2,8% en junio, de acuerdo con el reporte de la balanza comercial de Estados Unidos. El desempeño fue sobresaliente, sin embargo, las ventas mexicanas crecieron en esta ocasión por debajo del incremento promedio de las exportaciones globales hacia Estados Unidos, que fue de 12,7 por ciento. Por el contrario, por primera vez desde agosto de 2022, las exportaciones chinas subieron más que el promedio de las ventas de los otros proveedores externos, al crecer 13,1% durante el séptimo mes del año a US$ 40.837 millones. México perdió participación de mercado en las compras estadounidenses y China recuperó algo de terreno.
Colombia: El viernes acabó el paro de los camioneros y transportistas que mantuvo desde el lunes bloqueado al país. El acuerdo alcanzado por el gobierno de Gustavo Petro y los sindicatos establece que el precio se incrementará en $800 al cierre del año. Este ajuste se implementará en dos fases: la primera de $400 a partir del 7 de septiembre, y la segunda de otros $400 que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2024. Este ajuste representa una reducción de la subida que será de 800 frente a los $1.900 decretados por el Ministerio de Hacienda y que fue la causa del paro.
Chile: el Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir la tasa de interés monetaria en 25 puntos base, hasta el 5,5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. El Consejo reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años. La tasa estuvo varios meses en el máximo histórico del 11,25 % para contener el pico inflacionario derivado de la pandemia, pero el emisor empezó a recortarla en julio de 2023. La inflación se disparó hasta un histórico 14,1 % en agosto de 2022, pero tras el agresivo recorte de tasas cerró 2023 en el 3,9 %. Chile se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, con un aumento histórico del PIB del 11,7 % en 2021, pero en 2022 comenzó a ralentizarse y cerró con un crecimiento del 2,4 %.
Argentina: El Índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). A fin del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Pobreza alcanzaba al 41,7% de los habitantes, entre los cuales 11,9% eran indigentes, es decir sus ingresos no alcanzaban para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia. Estos incrementos en los niveles de pobreza e indigencia se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la subida principalmente en alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. En comparación con el dato del primer trimestre del año, la pobreza cayó 5,5 puntos y la indigencia, 4,4 puntos.
https://www.eldiarioar.com/sociedad/pobreza-argentina-aumento-55-5-indigencia-17-5_1_11630057.html
Con información de Latam Asesoría Estratégica 360
La entrada Radar Latam 360: los hechos relevantes en América Latina (semana del 2 al 7 de septiembre) aparece primero en López-Dóriga Digital.
