Como regalo de 10 de mayo, a partir de hoy, entran en vigor las reformas por las que los deudores alimentarios morosos no podrán obtener licencias y permisos para conducir; el pasaporte o documento de identidad y viaje.
Tampoco podrán participar como candidatos a cargos concejiles y de elección popular; no podrán participar como aspirantes a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal; entre otros que las autoridades determinen.
Ayer, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias a través de las cuales se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
En el cual se deberá especificar cuando menos: nombre, apellidos, Clave Única de Registro de Población y clave y homoclave del Registro Federal de Contribuyentes del deudor alimentario.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción, a petición de la parte interesada. Para efecto de lo anterior, se dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita.
La nueva legislación establece que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
“El impedimento para salir del país deberá ser solicitado por el acreedor o por quienes tengan su guardia y custodia ante el Juez correspondiente, quien, en su caso, deberá notificar a las autoridades migratorias respectivas para los efectos conducentes”.
Sin embargo, el juez podrá autorizar la salida del país si se garantiza el pago de por lo menos la mitad del adeudo que se tenga por la remuneración de alimentos.
Además, de un depósito que corresponda al pago adelantado desde noventa hasta trescientos sesenta y cinco días de la pensión, según las circunstancias, o bien proporcione cualquier otra garantía, que a criterio del juez garantice el cumplimiento de la obligación.
El objetivo del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, hasta este lunes se han promulgado ocho de las 17 reformas aprobadas y enviadas al Ejecutivo el 29 de abril pasado, luego del denominado “viernes negro” del Senado.
Buscan salidas para echar andar el Instituto de Transparencia
El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) propuso que, ante la falta de quórum para sesionar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) modifique sus reglas y el secretario técnico pueda fungir como comisionado por ministerio de ley, con lo que se podría sesionar.
En conferencia de prensa, los representantes de los organismos de transparencia de los estados señalaron que ese plan también podría aplicarse en las entidades en las que no se han designado a comisionados.
Desde el 31 de marzo pasado, el Inai se quedó solo con cuatro comisionados, por lo que legalmente está impedido para sesionar y tiene un acumulado de tres mil expedientes sin resolver.
Salvador Romero, coordinador de la Comisión Jurídica del SNT, dijo que la propuesta es que, en esos casos, el secretario técnico asuma las funciones de comisionado, con lo que se podría poner fin a la parálisis del Inai.
Sin embargo, se desconoce si para hacer ese cambio se puede solo reformar su reglamento interno o debe cambiarse la Ley General de Transparencia desde el Legislativo.
Uno de los ejemplos en los estados es el órgano de transparencia de Guerrero, el cual también está paralizado, pues desde febrero pasado solo tiene un comisionado.
Faltan políticas efectivas contra violencia de género: ONG
De cara al 10 de mayo, organizaciones de la sociedad civil advierten que las violencias estructurales y sistémicas seguirán no sólo en aumento, sino perpetuándose mientras no se reconozca que hacen falta políticas efectivas para eliminar las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer trimestre del 2023, los delitos contra las mujeres siguieron al alza, la violencia de género aumentó 47.5%, la violencia familiar 7.6% y la violación un 10% en comparación al mismo periodo del año pasado.
Asimismo, el informe menciona que el feminicidio bajó 9%, mientras que el homicidio doloso y culposo aumentaron 8.7 y 14.8%, respectivamente.
“Hablar de una disminución en los feminicidios, es riesgoso, cuando sabemos que en México no sólo hay una cifra negra de más del 90%, sino qué hay serias deficiencias para tipificar correctamente los asesinatos de mujeres como feminicidios”, señaló la Red Nacional de Refugios.
Reconocieron que el mayor desafío constante como Organizaciones de la Sociedad Civil es permanecer y así continuar garantizando los derechos humanos a mujeres y sus familias a la protección.
LEG
Con información de 24 Horas
