La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, en un proyecto de sentencia, pretende incorporar un hecho no invocado para favorecer a la oposición al invalidar el Plan B electoral.
En un comunicado, la dependencia dijo que, de aprobarse, “vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”.
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La Consejería recordó que el ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto sin entrar a un estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual “retrasa injustificadamente la transformación del sistema electoral mexicano”.
Abundó que durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo pasado, el ministro defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación para la dispensa del trámite ordinario.
“No podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”, dijo el ministro y, según la Consejería, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna.
Su proyecto indica que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. “La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa
Directiva, a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”.
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La Consejería acusó que Laynez pretende favorecer a la oposición y convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado.
En caso de aprobarse el proyecto, la SCJN “se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
EAM
Con información de 24 Horas
