La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) por presuntamente favorecer al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El pasado 23 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinó que se deberían desechar las pruebas bancarias presentadas por la FGR para el caso Odebrecht.
“Los jueces de distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio L”, respondió la Fiscalía días después de la resolución.
Los integrantes del Poder Judicial, indicó la FGR, han tomado decisiones “en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales”.
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Las pruebas presentadas, indicó, “cuentan con nivel constitucional y se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que, incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales”.
La FGR consideró que “de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos jueces, de esa competencia, le otorgó beneficios a Emilio L, qué artículos expresos de la legislación, le niegan”.
El pasado 31 de agosto, el exdirector de Petróleos Mexicanos libró su proceso por el caso Agronitrogenados, por lo que se salvará de pagar la reparación del daño por recibir sobornos para la compra de una planta chatarra de fertilizantes a Altos Hornos de México (AHMSA).
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Durante una audiencia, el juez de control Genaro Gerardo Alarcón López determinó suspender el proceso en el que se acusaba a Lozoya de recibir 3.4 millones de presuntos sobornos de Altos Hornos a cambio de permitir la compra de una planta chatarra.
El abogado Miguel Ontiveros indicó que solicitaron suspender el proceso con el argumento de que los 216 millones de dólares, entregados por el dueño de AHMSA, Alfonso Ancira, como reparación, cubrían la totalidad del daño causado a la empresa productiva del Estado.
A su vez, Lozoya Austin todavía tiene abierto el proceso por el caso Odebrecht, por el que la Fiscalía General de la República pidió que se le condene a 46 años de prisión.
El exfuncionario, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht.
Con información de 24 Horas
