El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a las autoridades federales responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario, fiduciario y fiscal para poder avanzar en investigaciones de fiscalización.
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De 2016 a 2023 se han resuelto dos mil 649 procedimientos, se han impuesto sanciones por 851.4 millones de pesos y están en sustanciación 204, agregó la consejera Carla Humphrey, quien enfatizó la falta de colaboración interinstitucional de diversas autoridades para proveer de información veraz, oportuna y completa dentro del plazo de los cinco días que prevé la normatividad.
Ejemplificó que, en lo que va de 2023, la UTF giró mil 420 solicitudes de información y documentación y ha emitido 36 insistencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Economía, entre otras, que, en su mayoría, se han atendido en un tiempo superior a los cinco días, “generando demora y por lo tanto obstaculizando las labores de fiscalización”.
“Estamos ante el ejercicio más grande de fiscalización que llevaremos a cabo y no podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que obstaculizan las labores de fiscalización de este Instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se les solicita para verificar, por ejemplo, operaciones para comprobar que sean reales, la existencia de distintas empresas para comprobar la veracidad de las facturas que se emiten, y para desahogar los procedimientos en esta materia”, aseveró.
La consejera Humphrey también convocó a llevar a cabo acciones para la sensibilización de distintas instancias del Estado mexicano sobre la importancia de que provean de información “respecto a ingresos, egresos y aplicación de los mismos a esta autoridad, por los plazos perentorios que tenemos para resolver y también para desahogar distintas quejas, denuncias y procedimientos oficiosos”, así como explorar las vías jurídicas para el caso de incumplimiento.
Al conocer el Informe que presentó la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores, se destaca un incremento porcentual del total de las respuestas respecto de las atendidas fuera del plazo de la ley.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) está facultada para requerir información y documentación comprobatoria de cualquier aspecto vinculado con el origen y destino de los recursos, mientras que las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder en un plazo máximo de cinco días.
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Al presentar el informe ante el pleno, el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que el informe se refiere al estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización que están en trámite y a las sanciones impuestas durante el período del 2016 a 2023.
RM
Con información de 24 Horas
