La ministra Norma Piña Hernández admitió un recurso del PAN para analizar la legalidad del método de asignación de diputaciones plurinominales que dio la mayoría calificada a Morena y aliados.
Dicha mayoría calificada, de confirmarse por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), permitirá a la Cuarta Transformación (4T) llevar a cabo el Plan C, que incluye la renovación de los ministros de la SCJN mediante voto popular.
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En los estrados electrónicos de la Suprema Corte, se publicó que la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, admitió, bajo el expediente 231/2024, la denuncia de Marko Cortés, líder nacional del PAN, en la que se pide que se analice una supuesta contradicción de criterios entre una sentencia de la SCJN que data de 1998 sobre un asunto local y las sentencias del TEPJF sobre asignación de plurinominales.
Se trata de un hecho inédito, pues la Constitución señala que la Suprema Corte no tiene competencia en materia electoral y la Sala Superior del TEPJF es la última instancia de decisión, cuyos fallos son inatacables.
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“Se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para conocer de la denuncia de posible contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se admite a trámite”, indica el documento.
“Remítase el presente asunto, para su estudio, al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante del Pleno de este Alto Tribunal según el turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdo”, aseveró.
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Al respecto, la ministra Lenia Batres señaló que se trata de una admisión ilegal porque la Constitución señala que la SCJN “no tiene competencia en materia electoral”.
MSA
