En este mes de agosto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debe emitir la normativa a través de la cual se establezca la reglamentación específica para la implementación adecuada del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de lo contrario se corre el riesgo de que esta medida no pueda entrar en vigor para la elección del próximo año.
“El plazo que se estableció para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue de máximo 300 días hábiles, con lo que se puede deducir que es posible que éste empiece a funcionar previo a las elecciones federales del 2024, lo cual resulta relevante porque este mecanismo afectaría a los políticos que desde ahora empiezan a buscar candidaturas”, señaló la ex magistrada y consultora Martha Elizabeth Ibarra.
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La especialista, refirió que restringir los derechos políticos a los deudores alimentarios abona a que exista un clima de mayor confianza en procesos democráticos, y deja un mensaje a la sociedad de que hay responsabilidades morales y legales ineludibles.
Dijo que, si se cumplen los plazos legales y hay suficiente voluntad política, el proceso electoral del próximo año será el primero en la historia de México en el que los deudores alimentarios no podrán postularse a cargos de elección popular.
“Esta medida debe de considerarse justa, debido a que se busca que las personas que representen a la sociedad en los cargos de elección popular sean personas honestas que cumplen con sus obligaciones”, declaró.
Dijo que esta reforma legal, es un avance para remediar la omisión de responsabilidades económicas hacia los hijos; “pues se trata de una práctica muy normalizada en México que trunca el desarrollo de millones de mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
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Y advirtió que en el caso contrario, permitir que participen candidatos que deban alimentos a sus hijos, sería una causa de conflicto.
“En la práctica, el hecho de pasar este filtro será positivo para quienes se postulen, pues saber que una candidata o un candidato tiene en orden este tipo de responsabilidades, siempre es un factor de confianza para el votante”.
Señaló que el Registro evitará que los deudores puedan participar también, como aspirantes a cargos de jueces y magistrados, tanto en el ámbito local como en el federal. “Medida que tiene sentido si reflexionamos en los valores que deben de cumplir los encargados de la impartición de justicia en el país”, agregó.
La especialista en derecho fiscal empresarial y socia fundadora de asesores Ibarra Navarrete & Kublich S.C, destacó algunos casos de políticos que han tenido señalamientos en ese sentido, como Martín Rosado Chávez, que en su momento fue director jurídico del PRI en Oaxaca, quien se negaba a reconocer la paternidad de su hija.
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“En Nayarit, el Magistrado Juan Manuel Ochoa Sánchez, es acusado de ser deudor alimentario hasta la fecha en perjuicio de sus hijos, aún cuando una de los dos menores padece enfermedades congénitas desde su nacimiento”.
También refirió que, Puebla es una de las entidades con mayor número de deudores alimentarios. Entre ellos se ha denunciado al ex diputado Javier López Zavala y al diputado Eduardo Alcántara Montiel.
Con información de 24 Horas
