La violencia hacia personas defensoras del medio ambiente en México (incluyendo intimidación, agresiones y asesinatos) se incrementó 82% de 2021 a 2022, alertó la directora de Equidad en el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), Itzá Castañeda Camey.
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En el marco del Día de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, que se conmemora este lunes, la activista destacó que la cifra publicada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) “resulta alarmante, indignante (…) El informe indica que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se registraron por lo menos 197 hechos de agresión contra personas defensoras de derechos ambientales en México”.
Detalló que de estos 197 hechos de violencia, 52% fueron contra personas indígenas, y que de estas agresiones 24 culminaron en asesinatos, lo que convirtió al 2022 en uno de los años más violentos para las personas defensoras del medioambiente.
“Estas personas carecen de seguridad, carecen de los recursos de información, carecen de acceso a la asistencia legal y a los programas de capacitación necesarios para enfrentar y para superar estas amenazas”, explicó.
Castañeda Camey también retomó el informe hecho por la organización internacional Global Witness, que se emite cada dos años y el cual encontró que durante 2021 tres personas fueron asesinadas cada semana alrededor del mundo mientras intentaban proteger su tierra y su medioambiente, particularmente ante la extracción de recursos naturales.
“Y según este reporte de Global Witness, 54 personas defensoras de la tierra y el medioambiente desaparecieron o fueron asesinadas en México durante 2021”, dijo.
Castañeda Camey indicó que no en todas las agresiones está involucrado el crimen organizado, pues hay casos en los que hay muchos intereses fácticos, sobre todo económicos y de lucha por los recursos naturales, como en temas de minería, agua, bosques y tala ilegal.
Apuntó que mucha de la ilegalidad sí está vinculada con el crimen organizado, pero también están megaproyectos extractivos y de expansión urbana, impulsados por empresas motivadas por un interés económico para la obtención de los recursos naturales renovables y no renovables.
La directora de Equidad en el WRI precisó que la minería fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos en el periodo de 2021-2022, le sigue la explotación de bosques, mientras que el agua está empezando a posicionarse como uno de los temas por los que las personas defensoras del medioambiente sufren ataques.
Urgió a la elaboración de una iniciativa legislativa que brinde de manera real las herramientas para dar cumplimento al Acuerdo de Escazú, ya que no es suficiente haberlo firmado y ratificado sino se tienen los cambios profundos para que los tres poderes actúen de manera coordinada.
Dicho acuerdo busca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe,
Gobierno, omiso
Sobre el tema, la diputada presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, Edna Díaz Acevedo (PRD) comentó que ante las agresiones a estas personas, desde el inicio de la legislatura en 2021 propusieron un sistema de protección y la creación de un observatorio ciudadano.
Sin embargo, continuó, estas ideas no han prosperado porque el grupo oficialista (Morena-PT-PVEM) se ha mantenido omiso. lo mismo que el Gobierno.
Ante ello, expuso la perredista, ha invitado a las organizaciones civiles para realizar encuentros y foros, con la intención de que la presión social sea un factor para que los legisladores “den espacio, el cual no han querido dar porque han recibido, supongo, órdenes muy explícitas de parte del Gobierno federal”.
Agregó que es preocupante que este hostigamiento, intimidación o amenazas provengan del Gobierno federal y gobiernos locales, de grupos delincuenciales, de la iniciativa privada e incluso de algunos habitantes de comunidades, movidos por la ambición de los recursos naturales o de las megaobras.
FRASE
“En algunos casos son comunidades indígenas, son defensores y defensoras indígenas y también enfrentan barreras lingüísticas, culturales de aislamiento y aunado a esto (están) los de por sí ya existentes patrones de discriminación y de exclusión que algunas comunidades viven, lo que exacerba esta situación de vulnerabilidad”
Itzá Castañeda Camey
Directora de Equidad en el Instituto de Recursos Mundiales
LEG
Con información de 24 Horas
