Ante la posibilidad de desaparecer el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que en la práctica quede completamente inoperante debido a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) adelantó que interpondrán acciones de inconstitucionalidad.
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El legislador explicó que el secretariado ejecutivo es quien se encarga de los acuerdos del SNA, de darles seguimiento, de convocar a las reuniones y prácticamente se encarga de que sea funcional el Sistema.
“El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por siete instituciones en donde se van determinando las metas, el seguimiento de lo que mandata la Constitución para garantizar el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales.
“¿Qué pasa si desintegran el sistema ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, pues simplemente no hay quien le dé orden al sistema, no hay quien le dé seguimiento a los acuerdos, no hay quien pueda convocar y simplemente con esta estrategia deshabilita todo el Sistema”, explicó el panista.
Confió en que el bloque oficialista no quiera realizar un albazo y subir el dictamen sin pasar por comisiones, de otra forma, no dará tiempo para que se lleve al pleno antes del 30 de abril, fecha en que termina el periodo ordinario.
NIÑEZ EN RIESGO
Por su parte, la diputada presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera (PRI), lamentó la intención de fusionar el Sistema para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el Sistema Nacional DIF, pues estos tienen objetivos distintos.
“Desafortunadamente quiere ahorrar a costa de los derechos de los mexicanos y de quienes no votan, que son los menores de edad. Fusionar la secretaría ejecutiva del SIPINNA e incorporarla al DIF pone en riesgo la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia porque son dos mecanismos de naturaleza y objetivos distintos.
“Por un lado el SIPINNA es un mecanismo del más alto nivel para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, se encarga de coordinar los esfuerzos institucionales para formular políticas de atención a los derechos de la niñez en los tres ámbitos de Gobierno”, explicó Herrera.
El DIF, en cambio, continuó, es un sistema que presta servicios asistenciales, no solo a infantes, sino a las familias más vulnerables y su finalidad es restituir derechos de niñas, niños y población en esa condición.
Fusionarlos, consideró, implica una sobresaturación de funciones que generará una crisis institucional y pondrá en riesgo la atención que ofrece el DIF a esa población, pero tampoco le alcanzará la capacidad para atender toda la problemática de forma integral del SIPINNA.
Reprochó que el Ejecutivo federal, en los hechos, renuncie a su responsabilidad de proteger los derechos de la niñez.
LEG
Con información de 24 Horas
