El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 455 votos a favor y 25 abstenciones el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución para suspender los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quien ejerza violencia física, sexual o sea deudor alimentario.
El dictamen fue votado por todas las fracciones parlamentarias a favor, salvo del Partido del Trabajo (PT), cuyo voto se dividió con siete a favor y 25 abstenciones.
El diputado Gerardo Fernández (PT) solicitó una moción suspensiva, que fue votada en contra, debido a que consideró que el dictamen tenía problemas de fondo.
“Esta determinación y las medidas que se han tomado con anterioridad no han movido un milímetro la violencia en contra de las mujeres, no han ayudado en nada en generar más conciencia, erradicar, generar condiciones de igualdad.
“Esta iniciativa no va a mover un milímetro la violencia en contra de las mujeres, en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, un milímetro no lo va a mover. Van a seguir siendo víctimas de esa violencia. Y sí se va a utilizar perversamente, como se ha utilizado hasta la fecha, para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras”, acusó el legislador.
Aseguró que 20% de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres y acusó que la justicia se ha utilizado para sacar de la actividad política “a compañeros y compañeras”.
Fernández recordó que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya echó atrás legislaciones similares, justamente porque no existe proporcionalidad, se violan derechos humanos, “ya que se meten en un solo saco y en el mismo costal conductas de lo más diversos y con los más diferentes niveles de gravedad”.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Blanca Alcalá (PRI) explicó que esta reforma, conocida como “ley 3 de 3” aplicará para quien aspire a ocupar la más alta esfera de toma de decisiones, o el más modesto encargo público.
“Que lo escuchen bien, y que lo escuchen fuerte, no más agresores en el poder público, ¡Ningún agresor al poder!”, advirtió y apuntó que toda personas con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, no serán registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Esta suspensión de derechos, agregó, también aplicará para quienes hayan sido declarados por autoridad competente como deudores alimentarios morosos.
El dictamen fue remitido al Senado de la República para su revisión y votación. Por tratarse de una reforma a la Constitución, además de la aprobación de la colegisladora se necesitará que, al menos 17 congresos la voten a favor, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
LDAV
Con información de 24 Horas
