La propuesta de dictamen blinda la reforma judicial para impedir que juzgadores puedan suspenderla, anularla o modificarla, lo que jueces y magistrados consideran un fraude a la Constitución.
El artículo transitorio décimo primero de la reforma indica que, con la entrada en vigor, esta no podrá ser suspendida temporal o definitivamente por miembros del Poder Judicial.
Otro punto es que se ordena su aplicación literal sin ningún tipo de interpretación a sus reglas por parte de cualquier institución.
Esto cobra relevancia porque durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las principales reformas, como la eléctrica y la de hidrocarburos, fueron suspendidas primero de manera temporal y luego indefinida por juzgadores, por lo que no se aplicaron.
Sobre el ordenamiento de la aplicación literal de la reforma, hace unos días, para combatir la sobrerrepresentación, una de las principales exigencias fue que las autoridades electorales interpretaran la Constitución para que Morena y aliados no obtuvieran la mayoría calificada y no hicieran una lectura literal de la Carta Magna.
“Para la aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, indica el penúltimo transitorio de la reforma.
La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señaló que dicho transitorio sería inconstitucional porque va en contra del artículo primero sobre Derechos Humanos.
“Pedirle a un juez que aplique la ley, pero se le prohíbe interpretarla, es como pedirnos que caminemos, pero se nos prohíbe usar los pies”.
“El dictamen que se ha presentado para esta reforma, que en conjunto es un atentado desde muchas aristas, a la democracia de nuestro país, desconoce el trabajo realizado entonces y desprecia los derechos humanos”, indicó en entrevista con 24 HORAS.
El transitorio que blinda la reforma judicial es “un párrafo contrario al 1° constitucional, que obliga a interpretar las normas de la manera que más favorezca a las personas, cuando se trata de proteger derechos humanos”.
Uno de los riesgos, dijo, es que “el decreto tiene normas que pueden tener impactos directos o indirectos en los derechos fundamentales y la ley y su interpretación es una garantía constitucional”, por lo que la propuesta de dictamen “anularía la función jurisdiccional y la sujetaría a la arbitrariedad”.
La magistrada señaló que el blindaje a la reforma judicial para evitar su revisión por jueces y magistrados, “implica un fraude a la Constitución, ya que suprime el control de regularidad constitucional”.
Por su parte, la jueza federal Martha Magaña, en entrevista con 24 HORAS, consideró que “el Legislativo, al saber que la reforma es completamente contraria a los Derechos Humanos, pretendió hacer un blindaje que en sí mismo es inconstitucional”.
Manifestó que “lo que pretende el Legislativo es amarrar las facultades del Poder Judicial de la Federación, la reforma en su totalidad está plagada de inconstitucionalidades, tenemos precedentes muy claros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución masiva de los jueces de Carrera Judicial”.
Los transitorios de la reforma judicial son “inconstitucionales y su contenido no limita en forma alguna el derecho de los cuidados a pedir el escrutinio judicial para su análisis respectivo, sumado que aun ante la pretendida arbitrariedad del Legislativo de tratar de someter las funciones del judicial, lo cierto es que los estándares internacionales no permiten la modificación de una norma, aún cuando esta sea la propia Constitución cuando socava derechos humanos”.
Otro de los transitorios de la reforma indica que, una vez entrada en vigor, los saldos de los fideicomisos del Poder Judicial serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Una de las propuestas es que con los recursos de esos fideicomisos se pague la organización de la elección de los juzgadores, principal punto de la reforma.
La eliminación de los fideicomisos judiciales se aprobó en el Legislativo, pero un juzgado y luego un tribunal federal confirmaron que dichos ordenamientos serían suspendidos de manera indefinida.
Marchan contra la reforma en el país
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron ayer en distintas ciudades contra la reforma judicial, cuya discusión arrancará esta semana.
Una de las mayores marchas se organizó en la Ciudad de México, donde los trabajadores del Poder Judicial caminaron del Monumento a la Revolución al Zócalo.
La movilización fue por las afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
En Veracruz, las protestas se realizaron tanto en Boca del Río como en Xalapa, con las consignas “el Poder Judicial no se toca”.
Por su parte, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al menos 300 trabajadores se manifestaron; en
Cuernavaca, Morelos personas de la sociedad civil se unieron a la protesta.
También se registraron movilizaciones en San Luis Potosí, Colima y Querétaro. Por su parte, en Chihuahua también se lanzaron consignas para defender al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Coahuila, Jalisco y Baja California fueron otros de los estados que se sumaron a las manifestaciones.
Los juzgadores se oponen a la reforma judicial que elimina que los jueces y magistrados lleguen a esos cargos mediante la carrera judicial, sino que establece un sistema de elección popular para esos cargos.
Se prevé que los juzgadores lleven a cabo otras estrategias como una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). /Ángel Cabrera
