La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante lo que consideró “grave filtración” de datos personales de periodistas en México.
Esto, luego de que el pasado 22 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo público el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal en México del NYT, en su habitual conferencia desde el Palacio Nacional.
Kitroeff escribió un reportaje en el citado medio acerca de una investigación, ahora cerrada, que hizo Washington sobre presuntos sobornos que recibió la campaña presidencial de López Obrador en 2018, incluyendo a sus hijos, del Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Zetas.
“La RELE de la CIDH expresa su preocupación por la tolerancia de institucional hacia la divulgación de datos personales de periodistas en México e insta al Estado a concluir su actuación de conformidad con estándares de derechos humanos”, se posicionó la CIDH en un comunicado.
El organismo recordó que después el Servicio Informativo del Estado mexicano publicó un video con la fotografía de la periodista, acusándole de publicar notas “sin pruebas y con ausencia de rigor periodístico”.
Y agregó que el mandatario mexicano defendió que tenía derecho a replicar presuntas ‘calumnias’, “por encima de cualquier reglamento” y que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) anunció una investigación de oficio, mientras que la plataforma de YouTube retiró el video de su conferencia por “comportamientos perjudiciales” como ‘doxing’.
“La CIDH reconoce que es legítimo y en ciertas ocasiones un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante las críticas y cuestionamientos de la prensa”, expresó.
Sin embargo, advirtió “con preocupación la gravedad que reviste la divulgación de datos personales de periodistas, particularmente en el marco de declaraciones oficiales”.
Apuntó que la difusión de estos datos personales tienen el potencial de “acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión” por sectores de la población hacia periodistas o medios de comunicación.
“En especial en un país que registra altos índices de violencia contra la prensa”, resaltó la RELE.
Asimismo, consideró que la divulgación de este tipo de información por parte de voces oficiales “puede interpretarse razonablemente como amenaza, estigmatización y abuso de poder”.
La CIDH sostuvo que los funcionarios públicos operan “como un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes”.
Es por ello, que pidió al Gobierno mexicano atender las causas y consecuencias de estas decisiones oficiales y aconsejó tomar distancia de cualquier discurso intolerante, discriminatorio o invasivo de la privacidad que pueda alentar o promover violencias.
“Las consecuencias lesivas que puedan derivarse de las declaraciones oficiales podrían llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, advirtió.
También consideró que estas acciones contra mujeres periodistas no aporta calidad al debate público y profundiza la polarización en los roles de género, así como que puede ocasionar un efecto de autocensura.
Con información de EFE
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