Los 10 países de América Latina y el Caribe convocados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmaron los Acuerdos de Palenque entre los que destacan el combate al crimen organizado, el llamado a los países de destino a abandonar prácticas selectivas a ciertas nacionalidades y buscar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos.
Al respecto, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, leyó el comunicado conjunto que fue trabajado y firmado por los jefes de Estado, para “construir soluciones integrales ante el aumento de los flujos migratorios irregulares que experimentan nuestros países y conscientes de que primero las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático”.
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En este contexto acordaron combatir al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas y la corrupción fomentando la cooperación en seguridad. Para ello, “México pondrá a disposición inmediata” los programas: sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y una “cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables”.
Además de la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una Agencia de Medicamentos de América latina y el Caribe.
También acordaron fomentar el comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica promoviendo preferencias arancelarias, el establecimiento de cuotas y la eliminación de barreras no arancelarias.
Instaron a levantar “las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región en tanto son contrarias al derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo”.
Las naciones reunidas, acordaron que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente que permitan potenciar las contribuciones de las diásporas en sus comunidades de origen y destino.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado “a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas para evitar producir arbitrariamente, efectos disuasivos tales como la regularización de ciertas nacionalidades”.
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Decidieron, conforme a las capacidades de cada país, apoyar a la República de Haití en sus esfuerzos junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas, a fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social con un enfoque de desarrollo sostenible.
También propusieron esfuerzos coordinados para replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana a fin de permitir a los países, particularmente los de ingreso medio, alcanzar mayores niveles de desarrollo, cerrar las brechas sociales y reducir la intención de migrar tales como el cambio de deuda universal por autosuficiencia alimentaria servicios ambientales y acción climática
Los mandatarios acordaron solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares ordenadas y seguras de migración, con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales.
Con información de 24 Horas
