Al menos 80 millones de pesos en contratos, gastados por el PRI durante la gestión de Alejandro Moreno en cursos online, se repartieron entre dos empresas que están ligadas entre sí e involucran a funcionarios de la 4T, excolaboradores del líder del tricolor en Campeche y un exalto mando de la Cámara de Diputados.
Integra Estrategias Globales es una de las compañías más beneficiadas, con dos contratos por 51 millones de pesos, entre 2020 y 2021, para cursos por la capacitación y liderazgo político de las mujeres.
Los contratos fueron firmados por Román Manuel Cen Romero, como representante legal, y quien es un funcionario en activo y de menor rango de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con un salario de 30 mil pesos mensuales, según la última nómina del Gobierno federal.
En sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021, el funcionario estableció que tiene una participación de 27% en las acciones de Integra Estrategias Globales y en el rubro de posibles conflictos de interés señaló a la Administración Portuaria de Campeche como su cliente principal.
RománManuelCenRomero es la cara legal de esa empresa, pero sus principales operadores fueron su director general: Miguel Ángel Sulub Caamal, exdiputado federal del PRI de 2015 a 2018 y expresidente de ese partido en Campeche.
Mientras fungía como director de la consultora a la que el PRI le dio contratos por 50 millones de pesos por cursos de liderazgo políticos de las mujeres, Sulub Caamal era secretario técnico de la fracción del partido tricolor en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el priista cobró un salario de 101 mil pesos en la Cámara de Diputados al mismo tiempo que recibía contratos de su partido, pues en diversas publicaciones de Integra Estrategias Globales aparecía como director general.
A finales de 2023 renunció a su empleo en el legislativo y se convirtió en candidato a diputado federal por Campeche, pero el pasado 2 de junio perdió las elecciones.
Otra de las consultoras de la empresa, que brindó cursos online y presenciales sobre violencia política y liderazgo de mujeres, es María Luisa Sahagún Arcila, quien en el Gobierno de Alejandro Moreno, en Campeche, ocupó la Subsecretaría de Administración.
Aunque ganó más de 50 millones con el PRI, la página web de Integra Estrategias Globales está desactivada actualmente y sus redes sociales ya no fueron actualizadas desde finales de 2021, lo cual coincide con el último año que brindó servicios al Revolucionario Institucional.
Para las contrataciones, estableció su domicilio legal en avenida Presidente Masarik 61, interior 901-B, en Polanco, en un edificio corporativo.
En el Registro Nacional de Proveedores del INE aparece que fue reactivada para las elecciones federales pasadas, pero se desconoce si obtuvo contratos.
OTRAS CONEXIONES
Para el tercer año de gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI, en 2022, el partido decidió entregar los 30.2 millones de pesos de presupuesto para impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres a la empresa ServiciosAdministrativosFugith para cursos online, pero documentos, en poder de 24 HORAS, dan cuenta de que llevan a los mismos personajes que controlaban Integra Estrategias Globales, que en los dos primeros años de Alito ganó 51 millones de pesos por el mismo concepto.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, se registró como Carpe Fugit en la notaría 2 de Metztitlán, Hidalgo, a cargo de Efraín Arista, quien es hijo de un exlíder priista de esa entidad.
El domicilio legal fue establecido en Pachuca, en diciembre de 2019, unos meses después de que Alejandro Moreno y la hidalguense Carolina Viggiano asumieran las riendas del PRI.
En 2021, cambió su domicilio a la Ciudad de México y su nombre a Servicios Administrativos Fugith, sus principales accionistas son Álvaro Arturo Pérez Carrillo y María del Socorro Moreno Reyes.
Para 2022, obtuvo el contrato por 30.2 millones de pesos para cursos online sobre temas como el poder del bastón de mando en mujeres indígenas, entrenamiento en medios electrónicos, herramientas de Facebook e Instagram, Manejo Emocional e Iconos Políticos.
La empresa estableció su domicilio legal en Prolongación Paseo de la Reforma 215, Piso 14, Interior 1407 E, Colonia Paseo de las Lomas, Alcaldía Álvaro Obregón y previo a las elecciones del pasado 2 de junio también refrendó su registro como proveedor ante el INE.
Resalta que en su declaración patrimonial de 2024, Román Manuel Cen Romero, funcionario de bajo rango de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se colocó como accionista de Servicios Administrativos Fugith y en la sección de posibles conflictos de interés señaló al PRI como su principal cliente.
En esa misma declaración, presentada en mayo pasado, todavía se coloca como accionista de Integra Estrategias Globales.
Es decir, que solo habría sido un cambio de empresa, pero con los mismos socios, a los que el PRI, entre 2020 y 2022, habría dado tres contratos por 83 millones de pesos para cursos online para impulsar el liderazgo político de las mujeres.
Los tres contratos fueron firmados por Monserrat Arcos Velázquez, como titular del Organismo de Mujeres Priista, quien denunció en abril pasado a Alejandro Moreno, quien busca la reelección en el PRI, por pedir moches en los contratos de cursos online para liderazgo político de las mujeres.
En su programa del Martes del Jaguar, en octubre de 2022, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió a las empresas Integra Estrategias Globales y Servicios Administrativos Fugith. “Atención, priistas, los están saqueando”, dijo y alertó que esas dos compañías estaban ligadas y se crearon para presuntamente desviar recursos del PRI.
Para 2023, los 30.2 millones de ese rubro se entregaron a Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, asociación civil que fue también denunciada por la diputada Monserrat Arcos por presuntamente formar parte de un esquema de corrupción con Alejandro Moreno, por pedir moches por contratos para cursos, por lo que tuvo que renunciar a su cargo como dirigente las mujeres priistas.
La semana pasada, Dulce María Sauri Riancho, expresidenta nacional del PRI, indicó que se tendría que revisar si el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizó dichas contrataciones y revisó que no hubiera anomalías.
La diputada federal, quien es una de las promoventes de impugnaciones para evitar la reelección del líder del PRI, indicó que también se tendría que revisar la actuación de la Contraloría del partido para señalar si se verificó que no hubiera irregularidades en la asignación de contratos para cursos online.
Sindicato del Poder Judicial rechaza apoyar paro nacional
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) descartó respaldar un paro de labores en los juzgados y distritos del país en protesta por la reforma judicial.
En un comunicado enviado a la base trabajadora este domingo, el sindicato señaló que “las secretarias y secretarios expusieron, en lo individual, la situación y problemática, que se ha presentado hasta hoy en su sección sindical, respecto a lo que ha circulado en distintos grupos de WhatsApp sobre la intención de ir a paro de labores, dado que aún continúan los diálogos en los que esta representación sindical ha presentado propuestas en relación a la reforma, esta plenaria se reserva pronunciamiento sobre dicha acción”.
El Sindicato informó que los líderes nacionales y de secciones estatales tuvieron una reunión plenaria y virtual este fin de semana en la que actualizaron la información “sobre los avances de las acciones desarrolladas por este gremio, en relación con la iniciativa de reforma al Poder Judicial que está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados”.
Indicó que se acordó que el líder nacional, Jesús Gilberto González, realizará videos regularmente para informar de las gestiones y avances de los diálogos.
Se pactó brindar información recurrente sobre posibles afectaciones salariales y de sus prestaciones y mantener la unidad en los siguientes procesos de la reforma.
por otra parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, señaló que los jueces constitucionales deben permanecer ausentes del debate político, pero no de la discusión técnica, porque son reformas que, de aprobarse, van a trascender en la manera de impartir justicia.
El ministro comentó que se debe permitir a los juzgadores expresar sus objeciones, cuestionamientos y dudas respecto de dichas reformas trascendentales. /Ángel Cabrera
