El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su defensa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral (TEPJF) con al menos una decena de impugnaciones contra las medidas que se le han impuesto por su intervención ilegal en el proceso electoral.
Con recursos de queja e impugnación contra la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Especializada promovidos por el Presidente, la Vocería de la Presidencia y otros funcionarios, se busca que se reviertan las medidas cautelares que le impiden hablar de partidos, encuestas y elecciones.
Al magistrado Indalfer Infante le fueron asignados los dos casos en que el mandatario nacional impugnó directamente sobre las resoluciones de la Sala Especializada por vulnerar la equidad de la contienda electoral, como por ejemplo al mencionar su llamado Plan C.
Dicho plan implica que Morena obtenga una votación masiva y gane la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, así como la Presidencia y gubernaturas.
El pasado 6 de julio, esa sala del TEPJF determinó que el mandatario nacional infringió las leyes e incumplió las medidas cautelares que ya le habían sido dictadas, por lo que se acreditó el uso indebido de recursos públicos y se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República y del Sistema Público de Radiodifusión para que abran una investigación contra los funcionarios involucrados en la transmisión de la conferencia Mañanera del 27 de marzo pasado .
López Obrador impugnó la sentencia y busca defenderse de la resolución que declaró “la existencia de las infracciones consistentes de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, derivado de las declaraciones realizadas por el titular del ejecutivo federal, durante la conferencia de prensa del 27 de marzo, relativa a un Plan C en materia electoral, consistente en un llamado a no votar por la oposición”.
El Presidente también impugnó de manera personal la sentencia emitida por la Sala Regional Especializadapinion, “que determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares, así como uso indebido de recursos públicos” por sus declaraciones en las conferencias mañaneras del 24 de mayo y 2 de junio, respectivamente.
En ese caso, la Sala Especializada señaló que el mandatario nacional tuvo una intervención indebida e influyó indebidamente en las elecciones de gobernador de Coahuila y Estado de México, con frases como: “Que la gente sepa que esta es una temporada muy especial, que van a arreciar por esta situación del Estado de México. Nada más que si pueden tener cuidado para que no se traguen todas esas mentiras”.
La Sala Superior del TEPJF, última instancia de resolución en materia electoral, ha confirmado varias resoluciones en las que se determinó que el Presidente cometió faltas electorales, pero al tener un régimen especial por no tener superior jerárquico, solo se queda dar vista al Órgano Interno de Control para que indague a otros funcionarios involucrados.
Además, hay otro cúmulo de asuntos en los que se impugnan las resoluciones contra el titular del Ejecutivo federal por su intervención ilegal en materia electoral, pero se hace a través de otros funcionarios, como Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión.
Otras de las impugnaciones son de Sigfrido Barjau de la Rosa, ostentándose como director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), así como Jesús Ramírez, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República; Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento de la Vocería, y Martha Jessica Ramírez, directora general de Comunicación Digital del Presidente de la República.
En marzo de 2022, López Obrador se refirió a la titular de Comunicación Digital y al vocero de la Presidencia al señalar que estaba obligado a publicar una sentencia del tribunal electoral que determinó uso indebido de recursos públicos por su mensaje del 1 de diciembre de 2021.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1º de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi. Perdón”, indicó.
En la víspera del inicio del proceso para renovar la Presidencia de la República, el mandatario nacional tiene varios procesos abiertos, como la presunta violencia de género que ejerció contra Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.
En ese último caso, el viernes pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares contra el mandatario para que evite mencionar a la aspirante presidencial, pero será la Sala Especializada la que se pronuncie en el fondo del asunto y dicte sentencia sobre si el titular del Ejecutivo federal cometió violencia política de género y después de ese proceso la resolución se puede impugnar.
LEG
Con información de 24 Horas
