Con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a que el Senado fue omiso al no designar a los comisionados faltantes se dio un paso firme para regresar a la normalidad institucional, consideró la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), Blanca Lilia Ibarra.
Durante una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en Yucatán, señaló que por sus funciones, el organismo autónomo es una institución que “suele inquietar a las autoridades que se consideran más seguras en la opacidad, pues así evitan críticas, presiones y responsabilidades”, pero, dijo, no se puede dar marcha atrás en el ejercicio de los derechos conquistados por la ciudadanía.
Enfatizó que el Inai nunca fue una dádiva gubernamental; al contrario, las autoridades fueron orilladas por un contexto interno y externo a establecer una ley y un organismo garante, que trabaja para la gente, no para el gobierno.
Aseveró que, desde su fundación, el Instituto ha contribuido a abrir información sobre casos de presunta corrupción como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) o, en años recientes, los de Odebrecht, la Casa Blanca y el de Segalmex.
Sostuvo que es falso que el organismo garante nacional duplique funciones de otra institución pública y que sea sustituible; y respecto a su presupuesto, recordó que, en 2022, el Inai representó un costo de 65 centavos mensuales a cada mexicano; es decir, 7.80 pesos anuales.
Advirtió que, con el Pleno inhabilitado, la ciudadanía está perdiendo un mecanismo de defensa de sus derechos al acceso a la información y a la protección de datos personales.
En su sesión del pasado 13 de julio, la SCJN determinó la omisión del Senado por la falta de nombramientos de comisionados y el máximo tribunal “demostró la vigencia de la división de poderes”.
Contrapesos
Señaló que “la situación actual que vive el Instituto no es justificación ni impedimento para que los sujetos obligados no cumplan con deber de dar respuesta a los requerimientos de las personas”.
La comisionada presidenta indicó que la opacidad “genera más problemas que beneficios; un Estado donde la transparencia es limitada tendrá poca confianza de la ciudadanía, perderá legitimidad y el respaldo de los ciudadanos”.
Apuntó que se debe cambiar la percepción de algunos integrantes del sector público de que la transparencia es un problema; es necesario verla como solución y como fuente de legitimidad, confianza y gobernabilidad.
Recordó que del 2003 al 30 de junio pasado, se registraron 3 millones 658 mil 815 solicitudes dirigidas a sujetos obligados del orden federal, por lo que, cada día, se recibieron en promedio mil 42 solicitudes.
Además, en el mismo periodo, se presentaron ante el Instituto más de 187 mil 189 recursos de revisión contra sujetos obligados de la Federación; en más del 80 por ciento de las resoluciones se modificó o revocó la respuesta otorgada.
Recordó que, sin quórum, el INAI no puede fungir como segunda instancia, es decir, no puede atender las quejas contra las resoluciones de institutos de transparencia de las entidades federativas, atraer asuntos locales por su trascendencia nacional o resolver recursos cuando un órgano garante estatal carezca de quórum.
Agregó que también se encuentra inhabilitado para resolver denuncias de incumplimiento a obligaciones de transparencia, lo cual es un incentivo para no cumplir con ellas, y tampoco puede promover acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales
En ese contexto, Blanca Lilia Ibarra aseguró que la integración completa del Pleno no es opcional, sino obligatoria.
Respecto a los juicios de amparo promovidos por el Consejo Consultivo del INAI, expuso que una Jueza concedió la suspensión provisional y ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado someter al pleno de esa Cámara Legislativa la designación de la comisionada y el comisionado que ocuparán dos de las tres vacantes que actualmente tiene el Pleno del organismo garante nacional.
En dos ocasiones no se ha alcanzado la votación para aprobar la convocatoria al periodo extraordinario, por lo que es altamente probable que la Jueza del caso próximamente insista en el cumplimiento de su instrucción.
Asimismo, Ibarra Cadena rechazó que el organismo garante nacional sea una institución simuladora; de hecho, ésta surgió como producto de distintas presiones que motivaron al gobierno a ceder y reconocer el derecho a saber, tanto a nivel nacional como internacional.
LEG
Con información de 24 Horas
