La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que existe una polarización sobre la propuesta de reforma judicial y propuso siete puntos para instrumentarla de menor manera.
Durante su participación en el foro Reforma al Poder Judicial, efectos en beneficio de la Ciudad de México, organizado por el Congreso local, la ministra dijo que el pasado 2 de junio hubo un mandato en las urnas para que continuará la transformación y eso incluye cambios en el Poder Judicial.
Aseguró que no se puede pensar que, al modificar solamente el procedimiento de designación de las personas juzgadoras, mágicamente se va a resolver el problema de justicia, el rezago, la lentitud de los procedimientos o la impunidad en la comisión de los delitos, entre otros, pues en la mayor parte de los casos, no tienen que ver con el tema de los servidores públicos concretamente, sino con deficiencias que atañen a otro tipo de aspectos.
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Señaló que la percepción que se ha generado en la ciudadanía sobre el desempeño de las personas juzgadoras del país, lamentablemente ha caído en posiciones polarizadas. Por un lado, dijo, se les califica como servidores públicos que se olvidaron de su misión y, por el otro lado, se defiende la carrera judicial como único método de designación de las personas juzgadoras.
Por lo que propuso siete puntos para la instrumentación de la reforma judicial, entre los que destacan arrancar con la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte, así como del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Otra de sus apuestas es la sustitución progresiva de juezas y magistrados con elección cada tres años, así como garantizar la idoneidad y excelencia de perfiles, respetar la paridad de género y los derechos laborales de los trabajadores, así como impulsar que los nuevos jueces sean cercanos a la gente.
Informó que, actualmente, se resuelven cerca de un millón 50 mil asuntos en el Poder Judicial Federal y que, a la fecha, se tiene en trámite 600 mil asuntos y afirmó que no se puede, de la noche a la mañana, cambiar a todos los juzgadores sin que exista la seguridad de continuidad a los procesos judiciales.
Aseveró que hay otros puntos que deben revisarse, como los alcances del juicio de amparo, revisar los procesos de autoridades ministeriales, ausencia de recursos económicos para aumentar el número de juzgadores, de ministerios públicos, de defensores o de asesores jurídicos para desahogar la cantidad de demandas que interponen.
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Indicó que se debe revisar el sistema penitenciario porque existen muchas personas privadas de su libertad sin sentencia, que llevan años y que no se ha emitido la sentencia por diferentes situaciones y garantizar el acceso a una justicia digital completa para todos.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz apuntó que la ciudadanía que presenta las quejas contra jueces y magistrados no tiene una satisfacción porque no hay una reparación de daños y perjuicios cuando, al final, se demostró que se cometió una ilicitud por parte de un juez o de un magistrado o de algún integrante del Poder Judicial.
Consideró que el Tribunal de Disciplina va a poder sancionar a los ministros, jueces, magistrados, consejeros y cualquier integrante del Poder Judicial Federal que cometa algún hecho ilícito o algún acto de corrupción y, dijo que van a tener que rendir informes cuando un procedimiento tarde más de seis meses.
