La elección de jueces, magistrados y ministros puede no solo comprometer la independencia judicial, sino que también podría afectar la confianza pública y la atracción de inversiones por la probable imparcialidad de resoluciones judiciales, expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.
En conferencia de prensa virtual, el líder empresarial lamentó que los foros de diálogo organizados por la Cámara de Diputados no fueran tan abiertos como aseguraron los legisladores y los espacios para conocer sus observaciones no fueran incluidos.
Por esta razón, abundó Medina Mora, organizaron dos encuentros para escuchar a expertos de los principales colegios de abogacía y de la academia en México.
Expuso que la mayor preocupación que identifican en la propuesta de reforma del Ejecutivo es que compromete la independencia judicial, la cual es base para un sistema de justicia que exige imparcialidad y libertad de influencias políticas.
“La propuesta, como está planteada, podría erosionar tanto la confianza pública como la atracción de inversiones por la probable imparcialidad de las resoluciones judiciales.
“Este hecho puede generar incertidumbre jurídica que tanto reclaman los inversionistas. Es importante señalar que ningún país de la OCDE elige a jueces y magistrados”, enfatizó el líder empresarial.
Comentó que el argumento de que la elección de jueces se lleva a cabo en Japón no es cierta, pues lo que se tiene en aquella nación es mecanismo para remover jueces, el cual, además, nunca ha sido utilizado, pero no son electos por voto popular.
Medina Mora sostuvo que la elección popular puede politizar la justicia generando conflictos de intereses y comprometiendo la imparcialidad de los jueces, ya que este método no legitima su función con los estándares internacionales.
Por su parte, la vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM), Andrea Rovira, adelantó que colegios de abogacía y cámaras empresariales presentarán los recursos nacionales e internacionales para garantizar el estado de Derecho en el país y los derechos humanos que se pudieran ver vulnerados si la reforma al Poder Judicial se vota a favor.
Criticó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo no contemple el aspecto de los jueces que resuelven asuntos relacionados con el crimen organizado y la seguridad que deben tener para desempeñar sus funciones.
“Algo que preocupa muchísimo es la ausencia de atención que se le ha dado al tema del crimen organizado y de los jueces que atienden este tipo de casos, específicamente con los mecanismos para su selección, integridad y permanencia en los cargos”, lamentó la vicepresidenta del INCAM.
Explicó que la elección de juzgadores se está planteando de manera muy similar a lo que existe en Bolivia y alertó que ésta no ha funcionado, pues tan solo el año pasado iban a tener las terceras elecciones, pero no se pudieron poner de acuerdo en su Congreso de quiénes iban a ser los candidatos.
Respecto a las implicaciones que tendría la reforma judicial en la relación con Estados Unidos, comentó que existe un riesgo real no solo de aumentar los arbitrajes internacionales sino también al activarse una cláusula del T-MEC que exige la independencia de ciertos sectores, incluido el Poder Judicial.
El secretario de la Barra Mexicana de Abogados, Jorge Sepúlveda García, agregó que la reforma, tal cuál se presentó, afectará el riesgo-país.
“Esta reforma, como está, atenta en contra de los principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (…) no hagamos de esta reforma un Frankenstein, ¿cuál es la prisa por reformar al Poder Judicial Federal?
“Bien vale la pena una reforma a los poderes judiciales locales y al Poder Judicial Federal pero bien pensada, no a través de trompicarnos y hacerlo de manera precipitada”, expresó Sepúlveda García.
LDAV
