En el primero de cuatro encuentros que sostendrán académicos y especialistas en Derecho para debatir sobre la posibilidad de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por elección popular, expresaron dudas y riesgos sobre la votación, pero coincidieron en la necesidad de una reforma al Poder Judicial.
La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, dijo estar a favor de la legitimación indirecta en la designación de los ministros.
Explicó que lo que hace el Senado de la República para designar a los ministros de la Corte no es una muestra de popularidad, sino una evaluación técnica sobre el conocimiento del sistema jurídico y del régimen constitucional mexicano.
La directora indicó que los riesgos de una elección popular de los integrantes de la SCJN, más allá del tema de frenos y contrapesos, tiene que ver con la defensa de derechos humanos.
“Implica retos muy importantes en términos prácticos organizativos, donde podríamos tener riesgos de injerencias partidistas que afectarían la intervención judicial de los poderes fácticos y económicos que podrían promover, y tendrían los medios a su alcance, para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia”, apuntó la directora del Instituto.
Sin embargo, señaló que podría hacerse mucho más transparente el proceso de designación, fundamentación y motivación del Senado para elegir a una persona de entre de una terna o el rechazo completo de esta.
El exministro de la Corte y exprocurador de la República, Diego Valadés, mencionó que la consulta puede afectar las garantías de una persona en cuanto a que la elección, y no su selección, da lugar a diferentes criterios en cuanto a la forma de elegir.
“¿Cómo podemos los electores tener la seguridad de que quien elegimos reúne las características de imparcialidad, independencia, autonomía y competencia profesional? Si la elección fuera garantía de esos elementos, no habría discusión entre ustedes”, comentó.
Expresó que su preocupación fundamental es que la propia Corte, según la Constitución, tendría que calificar la constitucionalidad de la convocatoria, es decir, la Corte tendría que estar convencida de que la elección de sus integrantes es la mejor forma de garantizar o de confirmar las garantías para los derechos fundamentales.
Valadés cuestionó qué pasaría si la SCJN determina la inconstitucional de la convocatoria y si esto provocaría un desencuentro crítico entre el Congreso y la Corte, “yo no le vería sinceramente ventajas”.
FRASE:
“Nuestro Poder Judicial tiene una deuda histórica en la cercanía, en la accesibilidad a la ciudadanía, no es un Poder que se sienta cercano a la ciudadanía” Mónica González Contró Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Con información de 24 Horas
