El pasado 26 de julio, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano de haber perpetrado crímenes de ecocidio y etnocidio durante la edificación del Tren Maya, el megaproyecto del Gobierno de Andrés Manuel López Obrado.
Pero, comencemos por definir algo que es clave para entender: ¿Qué es un etnocidio? Según la Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, significa que “a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le noruega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua”. Lo que conlleva, claro, que se ejerza “una forma extrema de violación de los derechos humanos”, en particular la de estos grupos étnicos que se ven involucrados.
Lo anterior, claro, es consecuencia de algo que se viene avisando desde que el megaproyecto era una proyección a futuro. Resulta lamentable que, junto al prometido y ambicioso aumento en el crecimiento local, la empleabilidad, se haya pasado por alto la preservación de la biodiversidad, la destrucción de ecosistemas enteros y que los habitantes de esas tierras hayan tenido que restablecerse fuera.
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Con esto, no sólo se acusa al Estado mexicano de haber cometido los crímenes antes mencionados, sino que también de haber vulnerado los Derechos de la Madre Tierra, entre los que se encuentran el derecho a la vida y a existir.
Así, según lo establecido en la reunión que se celebró en diciembre de 1981 en San José, Costa Rica, se declara que “el etnocidio (…) es un delito de derecho internacional al igual que el genocidio”. Por tanto, se le ordenó al Estado que realice una reparación de los ecosistemas que fueron afectados, así como también la suspensión de las construcciones; la realización, junto a las comunidades, de una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural para valorar las afectaciones de la obra; desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto. Cabe destacar que parte de las resoluciones se extienden no sólo a este proyecto, “sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona”.
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Por su parte, Jorge Fernández, Fiscal de la Tierra, declaró que “recibimos con mucho aliento con mucha esperanza esta sentencia. Es una herramienta para que los pueblos y las comunidades sigan luchando, que expone, que sistematiza, pero también, insisto, es una oportunidad para distintas instancias del Estado mexicano para finalmente hacer efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos y reconocer los derechos de la naturaleza”.
Así, al mismo tiempo en que los primeros vagones realizan pruebas en vísperas del inicio de operaciones para principios de 2024, el Tribunal hará llegar el fallo al presidente Andres Manuel López Obrador, la Comisión Natural de Derechos Humanos, el Instituto de Pueblos Indígenas, entre otras instituciones.
Con información de 24 Horas
