De aprobarse la iniciativa que expide la Ley de Seguridad Aeroportuaria podría despedirse a la totalidad o una parte del personal que actualmente labora en la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil, concluyó el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
Esto, indicó, por el traspaso de funciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en materia de seguridad aeroportuaria a la Guardia Nacional.
En la opinión que entregó el CEFP a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se indicó que el impacto presupuestario que generaría no es calculable por los gastos de liquidación que deba ejercer el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).
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“El monto del impacto estará en función del número de empleados despedidos, así como de las condiciones laborales de cada uno”, estableció el Centro en su opinión.
Ante ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) solicitó este lunes en la reunión de la Comisión que se retirara de la aprobación de las opiniones de impacto presupuestal y se realice un análisis más profundo de parte del CEFP.
La iniciativa de expedición de la Ley de Seguridad Aeroportuaria fue presentada por el diputado Alberto Anaya, coordinador parlamentario del PT en San Lázaro.
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“Desde nuestro punto de vista, la eventual implementación de la Ley de Seguridad Aeroportuaria y los cambios que ello implique no necesariamente se traduciría en el despido de los trabajadores, pues consideramos que su experiencia y conocimientos podrían ser potencialmente aprovechadas en el nuevo sistema aeroportuario”, dijo el diputado Reginaldo Sandoval (PT) en la reunión de la comisión.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) expresó que el CEFP ya hizo una evaluación técnica el impacto presupuestal de la expedición de dicha ley y está debería de respetarse.
El análisis de la CEFP establece que la iniciativa carece de precisión respecto a la transferencia de recursos humanos y materiales de la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil a la Guardia Nacional, por lo que su eventual aprobación podría resultar en una duplicidad de funciones y de recursos presupuestarios.
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Entre las opiniones que sí se aprobaron respecto a los impactos presupuestales, destacaron el que reforma el artículo 72 de la Ley General de Salud, en materia del presupuesto destinado a los servicios de salud mental, el cual generaría un impacto presupuestario de 87 mil 191.4 millones de pesos, derivado de destinar 10% del presupuesto de los servicios de salud, al gasto en políticas de salud mental.
De aprobarse la iniciativa de expedición de la Ley General para el uso de Videovigilancia se tendría un impacto presupuestario mínimo estimado de mil 655 millones de pesos a precios de 2023.
Esto, estableció el CEFP, derivado de crear un área al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encargada de llevar a cabo los procesos relativos al control y manejo de la videovigilancia en el ámbito federal.
Con información de 24 Horas
