El hoy desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó al cierre de 2022 adeudos con proveedores y otros servicios por 938.3 millones de pesos, según una auditoría independiente. La revisión, realizada por la consultora Mazars señala que los pasivos se dividen en 59.8 millones de pesos, que arrastran desde 2021, y 878.4 millones de pesos por falta de pago a 174 acreedores.
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“El saldo de esta cuenta representa las obligaciones contractuales por bienes y servicios pendientes de pago al cierre del ejercicio 2022”, indica el documento que identifica a Laboratorios Pisa como la empresa a la que, hasta diciembre del año pasado, más se le adeudaba con 50.1 millones de pesos.
La auditoría externa también halló irregularidades en el registro contable, pues en los “estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 muestran saldos en la cuenta de activos diferidos por un importe de 938.3 millones de pesos y 2 mil 973 millones de pesos, respectivamente, que corresponden al mismo importe de los pasivos a favor de los proveedores a la misma fecha”.
“Dichos registros de una cuenta de activo diferido como contracuenta de las obligaciones de pago a cargo de la entidad al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, en nuestra opinión, no cumple con las disposiciones de las normas específicas del registro y valoración del patrimonio que le son aplicables al Insabi”.
El documento abunda que esos registros “contravienen las disposiciones por tratarse de contabilidad patrimonial; cabe señalar que dichos importes, a la fecha de este informe, se encuentran depurados y corresponden a las obligaciones reales de pago a cargo del Instituto al cierre de 2022”.
La fiscalización halló presuntas irregularidades también en la contabilidad financiera del programa de compra de medicamentos con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), debido a que no se permite “identificar de forma directa los movimientos reportados a detalle y verificar que estos estén considerados y debidamente conciliados por concepto”.
De acuerdo a la Unops, el objetivo de la alianza con el Insabi era maximizar la transparencia, la competencia abierta, el mejor precio y calidad, con el objetivo “de transformar el sistema de adquisición de medicamentos del mercado mexicano”, así como promover la transparencia y prevenir la corrupción.
De acuerdo con la consultora, “en la medida que la información financiera del Insabi dé más detalles de las transacciones con la Unops, se le dará más transparencia al proceso de rendición de cuentas para efectos de la Cuenta Pública 2022”.
Otro de los hallazgos es que, al corte del año pasado, “se tienen aportaciones al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar por 55.9 millones de pesos, pendientes de identificar el origen de las mismas”.
La auditoría señala que “no fue posible verificar la corrección y sustento del movimiento en el estado de variación de la Hacienda Pública, que muestra una disminución en el renglón de aportaciones por 16 mil 378 millones de pesos, respecto a 2020.
A su vez, “la integración de la nota correspondiente muestra un importe de 29 mil 82 millones de pesos, que no coincide con lo presentado en el informe de situación financiera de 2021 por 95 mil 665 millones de pesos”.
El Insabi, según el documento, no explicó el origen de esos movimientos financieros, por lo que “no es posible conocer los posibles ajustes a los estados financieros que puedan derivar con motivo de dicha diferencia”.
Además, la administración del Instituto sustenta esos cambios en sus estados financieros con que el “sistema de presentación de la cuenta pública genera dicho importe de manera automática en los estados financieros, por lo que desconocen el origen del mismo”.
Antecedentes
La operación de ese organismo descentralizado duró poco más de tres años, pues en enero de 2020 se publicó el decreto de su creación por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en sustitución del Seguro Popular, con el objetivo de brindar atención médica y fármacos gratuitos a la población sin seguridad social.
Sin embargo, en abril pasado fue decretada su extinción para ser sustituido por el sistema IMSS-Bienestar, cuyo objetivo, en el último año de Gobierno del presidente López Obrador, es cumplir con uno de las 100 metas de su administración que es abatir el desabasto de medicinas y la atención médica gratuita a la población.
Sobre el cambio, el Presidente justificó: “¿Por qué se hizo la modificación a la ley? ¿Por qué el Insabi pasa a formar parte de la Secretaría de Salud para funciones de carácter normativo? Bueno, porque ya tenemos el IMSS-Bienestar y no vamos a tener dos instituciones; necesitamos ahorrar, ser eficaces, no propiciar la duplicidad de funciones, no estamos para eso”.
Durante el tiempo que estuvo en operación, la Auditoría Superior de la Federación también halló anomalías en el esquema de Adquisición Consolidada y Distribución de Medicamentos Oncológicos, por lo que se detectó un faltante de 751 millones 811 mil pesos, en 2021, y cuyos recursos estaban pendientes de comprobar.
LEG
Con información de 24 Horas
