Independencia judicial no es un privilegio, señala ministro Pardo Rebolledo

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Pode judicial - SCJN

La garantía para recibir una justicia profesional e imparcial deriva de la independencia judicial, la cual no es un privilegio o facultad de los juzgadores, sino una garantía para todo ciudadano que se acerca a los tribunales, definió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“La independencia judicial es uno de los valores fundamentales del desempeño de las personas juzgadoras. Se le ha dado un enfoque que, a mí me parece, no es el adecuado porque se ha visualizado la independencia judicial como un privilegio o como una facultad de los juzgadores, cuando el enfoque correcto es que se trata de una garantía para quienes se acercan a los tribunales de que la persona que va a resolver, lo hará con absoluta independencia, con imparcialidad, con profesionalismo”, aseguró.

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En un comunicado de la Suprema Corte, el ministro agregó que las críticas o posibles ataques a la independencia judicial, es algo que tienen previsto los juzgadores de carrera; sin embargo, explicó que se debe tomar en cuenta que la labor del juzgador siempre se da en medio de un conflicto de derechos o de un conflicto de intereses: cuando el juez resuelve, no puede declarar empates, tiene que darle la razón a uno y, la contraparte naturalmente quedará insatisfecha.

Reconoció que se debe cerrar la brecha entre la sociedad y los órganos de justicia, por lo que se tiene que comunicar mejor la labor, y que se conozca que se cuenta con un cuerpo de juzgadoras y juzgadores preparados, profesionales, actualizados y con el compromiso de llevar a cabo su función que, en esencia, es la defensa de los derechos de las personas.

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El también presidente de la Primera Sala de La Corte destacó que el año pasado se registraron cerca de 1 millón 300 mil amparos a nivel federal, en los órganos jurisdiccionales a nivel federal, lo cual es una muestra de que sigue existiendo confianza para acudir a un tribunal para la solución de controversias o cuando se estima que algún acto de autoridad viola los derechos de los ciudadanos.

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