Las notificaciones de juzgados federales de Chiapas y Morelos llegaron este sábado a las 19:00 horas a la sede de la Cámara de Diputados, en San Lázaro.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron a 24 HORAS que las suspensiones provisionales dictadas por el Juzgado Quinto de Distrito, en Morelos, y el Tercero de Distrito de Chiapas fueron entregadas en la sede Legislativa.
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La resolución dictada por la jueza Martha Magaña, de Morelos, señala que la Cámara de Diputados tiene 24 horas para notificar el cumplimiento de la suspensión provisional, es decir, que el dictamen de la reforma judicial se quedó congelado en la Comisión de Puntos Constitucionales, sin pasar al Pleno para su análisis y discusión.
Los alcances de la suspensión provisional son para que el “dictamen de reforma Constitucional en materia judicial aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales no sea sujeto de discusión ni votación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ni mucho menos, de ser el caso, se turne al ejecutivo para ser sancionado (momento en que podrá hacer uso del derecho de veto) y promulgado”.
A su vez, la resolución del juez federal de Chiapas prevé que si la reforma se aprueba en el Legislativo, se debe frenar su envío a las entidades, ya que para entrar en vigor necesita de la ratificación de al menos 17 congresos locales, hasta en tanto se analice su constitucionalidad.
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En contraste, Ricardo Monreal, líder de la nueva fracción parlamentaria de Morena, anunció que no se acatará la suspensión provisional de dos juzgados federales contra la reforma judicial.
Señaló que el juicio de amparo no procede contra cambios a la Constitución, por lo que calificó la decisión de los juzgadores de “grosera, injerencista y grotesca”.
Aseveró que “esta mayoría Legislativa determina que no se somete a la jurisdicción del Juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tiene competencia para ello, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación”.
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Este domingo se tiene previsto que el Pleno de la Cámara de Diputados presente la reforma judicial, que tendría un proceso de cuatro días para ser aprobada.
En caso de desacato, los diputados podrían enfrentar hasta siete años de prisión, indica la resolución de la suspensión provisional.
MSA
