México, como parte de la ruta de miles de migrantes de Centro y Sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos, enfrenta la llegada de un número creciente de menores que viajan con la intención de llegar hasta la frontera norte.
Sin embargo, en los últimos cinco años se ha detectado otro fenómeno: el de los menores que viajan en pareja, con un embarazo en proceso o con hijos pequeños, y a quienes las autoridades les ocultan sus derechos para acceder a la protección institucional que el Estado mexicano está obligado a brindar.
Así lo aseguró Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien explicó en entrevista con 24 HORAS, que los menores tienen derecho al asilo y al refugio, si así lo consideran, pero para acceder a él se les tiene que informar y puedan presentar su solicitud.
Sin embargo, las organizaciones de apoyo, señaló el activista, reportaron que las autoridades no les están informando de sus derechos, porque no quieren que se queden.
De enero a febrero de 2023, se tuvo un registró de 13 mil 506 migrantes irregulares de entre 0 y 17 años, de ellos, 47.5% mujeres y 52.5% hombres, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) elaborados con los Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Esta cifra representa un aumento de 97.7% con respecto a la cantidad de migraciones irregulares de niñas, niños y adolescentes en el mismo periodo de 2022, que fue de 6 mil 832 casos en total, indica en el reporte de la organización.
Esto puede presentar un conflicto con el derecho a la “no privación de la libertad por motivos migratorios” que se enuncia en la reforma al capítulo 6 de la Ley de Migración del 11 de noviembre de 2020, alertó la Redim.
El artículo 6 de la Ley de Migración establece que el Estado garantizará a todo extranjero los derechos y libertades reconocidos en la Constitución con independencia de su situación migratoria y en el caso de menores, además, sus derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios.
COMAR, REBASADA
Se sabe, continuó Pérez García, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está desbordada y tampoco hay dinero para poder atender un número creciente de estos casos.
El activista agregó que el fenómeno de adolescentes migrantes que viajan como unidades familiares no es un tema masivo, pero se comenzaron a conocer de estos casos desde hace cinco o seis años.
“En consecuencia, no hay datos disponibles, pero es interesante que la oficina del subsecretario (Alejandro) Encinas ya lo esté mirando; ojalá tuviera información al respecto u orientara para su búsqueda.
“El gran problema que tenemos es cómo se registra la población migrante; los niños y niñas suelen ser registrados en lo individual y está el concepto unidades familiares, pero entonces ahí se desdibujan, es decir, ya quedan dentro de la unidad familiar como una especie de anexo y ya no se les prioriza en lo que corresponde a su individualidad”, dijo el activista.
Según datos de la Comar, durante 2022 recibió mil 055 solicitudes de refugio de niñas, niños y adolescentes no acompañados.
De ellos Honduras ocupó el primer lugar con 694; le sigue Venezuela con 125; Guatemala con 88; El Salvador con 79, y Nicaragua con 69.
De enero a marzo de este año, la Comar registró 343 solicitudes de refugio de menores, de los cuales 264 son de hondureños; 28 de Guatemala; 23 de Haití; 19 de El Salvador y Cuba con 9.
Pérez García puntualizó que se debe tener un plan de restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes para que junto con el país de origen se pueda articular alguna respuesta.
Se sabe, continuó, que buscan llegar a Estados Unidos y no se puede frenarlos pues es su decisión y están en libertad de hacerlo, pero sí es posible acompañarlos en la ruta para garantizar que ellos, como personas adolescentes, estén con la mayor protección posible, especialmente los bebés con los que a veces viajan.
Agregó que por el solo hecho de ser menores de edad no pueden ser llevados a estaciones migratorias, y si viajan como una unidad familiar de adolescentes con bebés, o solos, requieren además de una protección internacional reforzada.
En estos casos, puntualizó el coordinador, es necesaria la intervención del Sistema DIF, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o que el Instituto Nacional de Migración comunique al Sistema DIF para que ellos puedan estar o tener la alternativa de estar en un refugio que sea de “puertas abiertas”.
LEY MUERTA
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria realizaron en junio de 2022 visitas a la estación migratoria Siglo XXI, a estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM); albergues municipales y estatales del Sistema DIF y al albergue de sociedad civil Hospitalidad y Solidaridad y pidieron terminar con la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes.
Denunciaron la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en contexto de movilidad, el impacto que tiene la militarización y presencia de la Guardia Nacional, en contraste con la ausencia de las instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria, y de la poca disponibilidad de información y los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de refugiadas, así como las constantes violaciones a derechos de las personas detenidas en estaciones migratorias.
La Redim destacó que, pese a esto, la Unidad de Política Migratoria decidió dejar de reportar la población “presentada a la autoridad” para publicar un concepto más amplio que representa la población “en situación de migración irregular” que podría o no haber sido víctima de detención o privación de la libertad, o cual, advirtió, no es solo un cambio de terminología nominal, pues tiene implicaciones legales y jurídicas.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe alertó que las rutas migratorias que utilizan los menores en su viaje por el país están bajo control del crimen organizado, cada día son más, y más peligrosas por el rango de edad están en mucho más riesgo de reclutamiento, trata, extorsión, violación, “los delitos de los que pueden ser víctimas son muchísimos”, agregó.
MENORES PRESENTADOS ANTE AUTORIDAD MIGRATORIA
2019: 53 mil 507
2020: 11 mil 262
2021: 77 mil 608
2022: 70 mil 019
2023 (enero-febrero): 13 mil 506
FUENTE: Unidad de Política Migratoria de la Segob
LEG
Con información de 24 Horas
