La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) oficializó la entrega del título de concesión del Tren Maya al Ejército, en lugar de Fonatur.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el documento que acredita que la administración de esa obra será a través de Tren Maya SA de CV, empresa estatal de participación mayoritaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Ejército podrá realizar cualquier tipo de construcción, así como ofrecer en servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros, además de otorgar permisos para servicios auxiliares.
Según lo publicado en el DOF, la Secretaría de Hacienda también autorizó a la Defensa Nacional cobrar por los aprovechamientos de vías y transporte.
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Desde el comienzo del proyecto, el Tren Maya estuvo a cargo de Fonatur, pero desde 2020 se anunció que pasaría a ser administrado por el Ejército, al igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El pasado domingo, se anunció que comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil, obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado, en julio de 2020, frente a las afectaciones ambientales ocasionadas por el proyecto denominado Tren Maya.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal), de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Dicha decisión todavía puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado de Circuito, además de que en la actualidad hay un acuerdo presidencial que califica al Tren Maya como un proyecto de interés y seguridad nacional, con lo que podría quedar a salvo de los amparos que sean concedidos.
De acuerdo con el CEMDA, el Juzgado de Distrito consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
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A su vez, se retoma el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al señalar que las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables.
En ese sentido, continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto del Tren Maya, sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso, pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable.
Por lo anterior, la organización ambiental hizo “un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de sus derechos humanos ambientales. Asimismo, solicitamos a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no han acatado las determinaciones establecidas”.
Con información de 24 Horas
