La organización civil Causa en Común denunció que el Gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han informado sí ya cumplieron con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desmilitarizar la Guardia Nacional y devolverle el mando civil.
La asociación recordó en un comunicado que en abril pasado la SCJN declaró la invalidez de un decreto que militarizó formalmente a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
La Suprema Corte ordenó al Congreso y al Ejecutivo Federal el retorno de la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Pero Causa en Común, que analiza políticas públicas de seguridad, indicó que el pasado 1 de enero fue la fecha límite para acatar esta orden y, “sin embargo, al día de hoy ninguna autoridad ha emitido comunicado alguno manifestando de qué forma se dio cumplimiento a dicha sentencia”.
Asimismo, dijo que no solo es imperativo conocer si el Gobierno Federal se rehúsa a cumplir con esta obligación, sino que también es de “extrema gravedad” que, en medio de la peor crisis de inseguridad del último siglo, no haya construido una institución civil sin procesos adecuados de selección, capacitación y profesionalización.
La organización reiteró su respeto a las Fuerzas Armadas, pero argumentó que no están capacitadas para atender responsabilidades de seguridad pública.
Finalmente, cuestionó al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval: “¿Está el Ejército hoy a su mando del lado de la ley, representada en su máxima expresión institucional por la Suprema Corte?”.
La Guardia Nacional, que ahora suma más de 127 mil elementos, es una agrupación creada en 2019 por el presidente López Obrador, quien en un principio prometió mantenerla civil, pero en 2022 envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército.
Desde su creación, la Guardia Nacional ha recibido 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a las garantías de ciudadanos, mientras que asociaciones civiles han denunciado espionaje contra periodistas y activistas.
Asociaciones civiles de derechos humanos han señalado que la Guardia Nacional ha impulsado la militarización del país sin resultados en seguridad, pues aún se mantienen las tasas más altas de desapariciones y homicidios.
Con información de EFE
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