Bajo el Gobierno la Cuarta Transformación, Pemex Exploración y Producción mantiene vigentes contratos por 6 mil 804 millones de pesos con Constructora y Perforadora Latina, cuyo dueño es José Farrera Redondo, quien apareció en los Panama Papers por enviar sus ganancias provenientes de la petrolera a paraísos fiscales, como las Islas Caimán.
Los Panama Papers es una investigación periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas, sobre empresas que enviaron sus ganancias a paraísos fiscales, un método utilizado principalmente para evadir impuestos.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la empresa SeaDragon, del mismo consorcio, acumuló señalamientos por presuntos actos irregulares como arrendador de plataformas marítimas para Pemex.
Con el Gobierno de la Cuarta Transformación, a través de Constructora y Perforadora Latina, Farrera Redondo sigue ganando contratos de miles de millones de pesos.
El pasado 18 de noviembre se otorgó una adjudicación directa a la empresa por 57.6 millones de dólares, aproximadamente mil 138 millones de pesos, por el servicio de arrendamiento de una plataforma marina, tipo autoelevable cantilever de patas independientes.
Además, en mayo de 2019, durante el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se otorgó el contrato 641009811, mediante invitación a cuando menos tres personas, por un total de 5 mil 666 millones de pesos para la “puesta en operación de las unidades productivas con apoyo de intervenciones a pozos en el Golfo de México”.
Farrera Redondo, dueño de la compañía, apareció en los Panama Papers, pues, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, las ganancias de Sea Dragon, como proveedora de Pemex, se triangularon a paraísos fiscales, como las Islas Caimán.
La empresa, especializada en perforaciones geotérmicas de Latinoamérica, ganó más de 2 mil millones de dólares en contratos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero evadió el pago de impuestos en el país, debido a que estableció su domicilio en un paraíso fiscal.
Desde la Comisión de Energía, en 2014, el exdiputado Miguel Alonso Raya acusó al corporativo de defraudar a Pemex.
“Los contratos entregados a SeaDragon forman parte del fraude (…) lo digo con toda claridad, los funcionarios son una bola de tapaderas de la corrupción que priva y los demás casos son iguales. Están igual, todos los casos son igual, vamos a seguir demandando que vengan y que aclaren todo eso, están igual (Emilio) Lozoya es cómplice de todo eso”.
Sea Dragon, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aparecida en 2017 y basada en los Panama Papers, se creó en las Islas Caimán apenas un mes antes de que Felipe Calderón asumiera el poder, y meses después, obtuvo su primer contrato por 10 mil millones de pesos.
En 2011, SeaDragon fue adquirida por la trasnacional Seadrill y José Farrera se desvinculó de la empresa.
Sin embargo, 10 años después, con otra compañía, el empresario reapareció con el Gobierno de la Cuarta Transformación y mantiene vigentes contratos por más de 7 mil millones de pesos con Pemex.
Priorizan adjudicaciones
Los contratos con Constructora y Perforadora Latina han sido sin concurso de licitación, lo cual es acorde con lo sucedido en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha utilizado el mecanismo de adjudicación directa, como una de las principales armas de contratación para las obras y proyectos insignia de la Cuarta Transformación.
El 13 de febrero pasado, 24 HORAS publicó que Pemex también asignó, sin concurso de licitación, un megacontrato por más de 5 mil millones de pesos para renta de camionetas a una empresa con denuncias por irregularidades.
Adjudicar contratos de forma directa es un mecanismo que han utilizado las dependencias para concretar proyectos estratégicos de la 4T, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros, así como para como es compras a escala menor.
En general, entre 2019 y 2021, el Gobierno federal ha adjudicado entre 38% y 43% de sus compras anuales, lo que significa el mayor número de compras sin licitar en la historia del país; en comparación, el récord lo tenía 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 35% de contratos entregados por ese mecanismo directo.
En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no hay un monto límite para adjudicaciones directas, pero sí considera ese mecanismo como una excepción, pues se deben priorizar los concursos de licitación.
LEG
Con información de 24 Horas
