El delito de robo de combustible no se detiene en México, a pesar de las millonarias inversiones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se ha apostado al monitoreo de ductos con patrullas en lugar de con tecnología, coincidieron expertos consultados por 24 HORAS.
En la víspera, este diario público que Petróleos Mexicanos (Pemex) destinó cinco mil millones de pesos a la renta de 2 mil 200 camionetas para combatir el robo de combustible, sin que este delito haya disminuido; además destaca que el contrato fue entregado a una empresa con diversas denuncias, mediante adjudicación directa.
Además, los especialistas destacaron que el delito aumentó 69% en 2022 ante la falta de sanciones a empresas que compraron huachicol y el robo directo en instalaciones de Pemex.
David Saucedo, consultor en seguridad, explicó que “mucho del huachicol, un porcentaje muy grande era del robo que existía directamente en las plantas, pero nunca supimos cuánto.
“Entonces los operativos que se hicieron para blindar a Pemex fueron sobre todo en los ductos con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y mediante el uso de patrullas terrestres, pero se desestimó algo muy importante, y que aparentemente estuvo funcionando du
rante algún tiempo, que era la revisión y monitoreo con sistemas de videovigilancia remota”, dijo.
“Ya sea con sensores, con detectores de baja de presión de combustible, con controles, toda esta tecnología fue desmantelada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el sexenio en donde se disparó el el robo de huachicol, en los sexenios previos, sobre todo en el de Felipe Calderón, hubo una inversión interesante para blindar a los ductos”, agregó.
El especialista explicó que el Gobierno no apostó al monitoreo de ductos con tecnologías porque hay evidencia de que estas herramientas eran adquiridas con contratos “inflados” y con corrupción. Además de que algunas de las empresas proveedoras de tecnologías en el momento de generar relación con funcionarios de Pemex se beneficiaron de contratos corruptos.
“Entendiendo esta postura del Gobierno federal de que no era correcto contratar servicios y productos y servicios que tuvieran este sobreprecio, sobre todo derivado de la corrupción del dinero que se le entregaba a funcionarios que firmaban los contratos”, expuso David Saucedo.
Sin embargo reconoció que el Gobierno pudo acudir a otro tipo de proveedores para aplicar las tareas de vigilancia o haber implementado drones del Ejército Mexicano, que cuenta con una línea de producción de estos aparatos.
Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), expuso que la Guardia Nacional a casi cuatro años desde su creación, no tiene protocolos de actuación, controles de confianza ni un programa rector de profesionalización.
En ese sentido indicó que, de acuerdo con datos del ONC, el año pasado la GN detuvo a 7 mil presuntos culpables, de los cuales se liberó al 90% porque no los detuvieron conforme a derecho, porque no están capacitados para ser primeros respondientes ante un delito.
“Hubo más de 300 mil llamadas de de solicitud de apoyo, de solicitud de ayuda que se le hicieron a la Guardia Nacional a través de los varios teléfonos y mecanismos, y pues el número de hechos en los que acudió fue mínimo, entonces vuelvo a decir lo mismo, no hay un interés”, precisó Rivas.
Apenas ayer, en la región del Valle de Tulancingo, Hidalgo, el Ejército recuperó 5 mil 900 litros de combustible y se encontró una toma clandestina, que se suma a las más de 47 mil 800 detectadas en lo que va del sexenio.
FRASE
“Lo único que estamos haciendo es poner a patrullar a las personas y aún cuando vean que los ductos están siendo atacados no pueden hacer nada, porque no hay un interés de la autoridad por detener a los delincuentes”
Francisco Rivas
Director del ONC
LEG
Con información de 24 Horas
