En la primera entrega de los resultados de la fiscalización a la cuenta pública 2022 que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados establece que la administración pública debe aclarar 61 millones 547 mil pesos.
De este total, según el informe que entregó el auditor superior, David Colmenares, en el rubro de desarrollo social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) debe aclarar nueve millones 482 mil pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), siete millones 391 mil pesos y la Secretaría de Educación Pública (SEP), nueve millones 110 mil pesos.
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En el rubro de desarrollo económico, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural debe aclarar cinco millones 910 mil pesos y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 26 millones 928 mil pesos.
Respecto al gasto federalizado se deben aclarar dos millones 723 mil pesos.
Esta entrega de las primeras 86 auditorías al gasto del gobierno en 2022 estuvo marcada por las protestas que realizó durante la ceremonia la diputada Inés Parra (Morena) quien llevó una cacerola llena de ratos de plástico y que vació frente al auditor.
La morenista reclamó al funcionario el ser “tapadera” de la corrupción de este y el anterior gobierno federal.
“Destape la cloaca de la corrupción, sin miedo”, exigió Parra al auditor mientras le entregó la cacerola justo en el momento en el que iba a tomar la palabra en la Comisión de Vigilancia de la ASF.
“Aquí está la mayoría calificada absoluta; no se pueden poner de acuerdo en reformas constitucionales, pero en el tema de combate a la corrupción (son) mayoría calificada absoluta”, gritó la morenista a Colmenares y al diputado presidente de la Comisión, Pablo Angulo (PRI); minutos más tarde, una vez que pudo abrir la cacerola, la diputada arrojó ratones de juguete sobre el lugar del auditor.
El funcionario detalló que de las 86 auditorías que practicaron en este primer informe 20% correspondieron a cumplimiento financiero, 2% a desempeño y 78% a gasto federalizado.
Agregó que a la cuenta pública 2022 estamos revisando 115 auditorías al corporativo de la Comisión Federal de Electricidad con lo cual en 2021 y 2022 da un total de 59 auditorías a ese solo ente público.
Al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la parte del Tren Maya “estamos en esta parte con ocho y suman en los tres años 30 auditorías; al Instituto Mexicano del Seguro Social hace diez auditorías y suman 38 con las 16 de 2020 y 12 del 2021.
Al corporativo de Pemex, continuó Colmenares, realizan 30 auditorías que con las 32 y las 27 de los dos años anteriores suman 89 auditorías en tres etapas.
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Previo a la ceremonia de entrega de los resultados, la diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) dio una conferencia de prensa en la que insistió en la existencia de un conflicto de interés entre el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y la ASF.
Mostró copia de la declaración de inicio de situación patrimonial y de intereses de Marco Fernando Mier Velasco, hermano del líder morenista en San Lázaro.
Desmintió la afirmación del morenista de que su consanguíneo tenía más de 20 años trabajando en la ASF, pues según los documentos exhibidos por la panista, éste ingresó apenas a la ASF el 01 de julio de 2021.
Además, señaló que al menos tres diputados de distintas fracciones parlamentarias, tienen a sus hijos o familiares en la nómina de la Auditoría Superior, aunque declinó revelar los nombres, pues es una investigación que está realizando y espera la recepción de pruebas de ello.
EAM
Con información de 24 Horas
