El Poder Judicial de la Federación (PJF) presentó su contrapropuesta de reforma sobre el sistema de justicia del país, entre el que destaca la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, reducir la militarización de la Seguridad, fortalecer los ministerios y defensorías públicas, así como analizar la política punitiva de las drogas.
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El documento, que contiene 62 propuestas, señala que se debe “avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública”.
Para fortalecer los ministerios públicos, que es donde inician las denuncias, se propone crear una institución símil al Consejo de la Judicatura para llevar a cabo procesos de evaluación y un modelo de carrera, parecido al de jueces y magistrados, pero para trabajadores de las fiscalías.
Se presenta documentos de análisis para un sistema integral de justicia
Documentos: https://t.co/ptt7qhZ8hr
— Norma Piña (@NormaPinaH) September 8, 2024
Pide que sea revisada la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR) para que no actúe de forma fragmentada en un cúmulo de fiscalías, así como la aprobación de un Ley de Nacional de Servicios Forenses, que articule los procedimientos a nivel nacional, con presupuestos suficientes y bases de datos.
Se debe revalorar el enfoque punitivo en la política de drogas y narcomenudeo, buscar soluciones alternativas, pues la “implementación de una estrategia de combate armado contra el mercado de drogas ha contribuido al aumento de la violencia. A la fecha, dicha estrategia no ha reportado beneficios palpables”.
A su vez, se propone desarrollar un sistema de protección de operadores de justicia, desde agentes del MP hasta magistrados, que opere de manera homologada en el país.
Entre sus 64 propuestas, está la revisión de las leyes y códigos penales “para reducir la criminalización excesiva y fomentar alternativas no punitivas cuando sea posible”, así como medidas efectivas para reducir el ingreso de armas a México.
Una estandarización de los procedimientos de investigación criminal en el país, la cooperación internacional en materia de trata de personas y una estrategia nacional de búsqueda de desaparecidos.
También se busca eliminar las “figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas por México”.
Entre sus propuestas, está de emitir una Ley Nacional de Carrera Judicial para homologar los procesos de ingreso a juzgados y tribunales tanto locales como federales.
Se debe tipificar en todos los códigos penales estatales el delito de feminicidio y “normalizar los protocolos de investigación policial en todo el Estado, a fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal”.
Las instituciones de Seguridad deben fortalecer sus centros de control y comando e “implementar mecanismos para asegurar la preservación de videos y grabaciones vinculados con denuncias de delitos relacionados con violencias inaceptables para evitar la pérdida de pruebas cruciales”.
Los estados y la federación deben establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales, en “función de criterios rigurosos de formación, prácticas operativas, transparencia y rendición de cuentas”.
Otra de sus apuestas es robustecer el juicio de amparo para que sea aplicado con efectos generales en casos “a favor de grupos en situación de vulnerabilidad frente a escenarios de violencias inaceptables y de graves violaciones a derechos humanos”.
Para acercar la justicia a la población, consideran la creación de “oficinas móviles de denuncia que se desplacen a comunidades alejadas y pueblos indígenas; la implementación de plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad o personas mayores, y la provisión de servicios de acompañamiento legal y psicológico durante el proceso de denuncia”.
El Poder Judicial sugiere que se apruebe una reforma constitucional para crear un Sistema Nacional de Defensorías, que homologará la forma de operar de ese instituto nacional con los locales y daría posibilidades de defensa a personas que no cuentan con recursos.
El diagnóstico indica que “es necesario incrementar el número de personas juzgadoras y juzgados en los poderes judiciales estatales, priorizando las entidades con tasas más bajas de jueces por habitante o territorios más amplios, a partir de un diagnóstico desagregado por materia, población y territorio”.
Se debe incluir la tecnología en los estados y una estrategia nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como reformas para garantizar presupuesto suficiente a los poderes judiciales de los estados.
El Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, propone que se garanticen los recursos necesarios para la implementación plena de un sistema de justicia oral en las materias civil y familiar, que también corresponden a los estados.
Otra de sus propuestas es regular los procesos de disciplina judicial en los estados para que los casos “se sancione conforme a reglas previamente establecidas y con base en criterios objetivos, sin que las decisiones judiciales sean motivo de sanción.
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