Al menos la mitad de los más de 20 mil cargos en juego en las elecciones federales y locales deben recaer en candidaturas de mujeres, en 2024, señalaron consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).
Rita Bell López Vences, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez indicaron que el reto para partidos políticos y autoridades electorales es garantizar que su participación en los comicios sea libre de violencia y el ejercicio de sus cargos sin presiones, sobre todo en los municipios, donde ocurren 70 por ciento de los casos.
Las consejeras participaron en el foro Los derechos de las mujeres: Más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario, organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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“No podemos seguir con las mismas prácticas de la política”, pues se requiere que los partidos políticos volteen a ver sus propios liderazgos para “ir revisando otras formas, porque el municipio tiene su propia dinámica, tiene otro tipo de forma de estructurarse, de trabajar, de hacer campaña de electorado”, las cuales deben dirigirse a lograr “que más mujeres lleguen a las presidencias municipales”, aseveró López Vences al participar en la Mesa Uno, denominada Los principales retos para las mujeres ante el proceso electoral 2023-2024.
Refirió las situaciones de diversidad pluricultural en las que, además de garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a su propia identidad, hace falta reconocer que “ellas puedan hacer campaña con toda dignidad y con todo respeto”, porque tienen las mismas capacidades que los hombres para demostrar que representan o ejercen un poder.
López Vences reconoció que a 70 años de distancia se han logrado derribar barreras en torno de la participación de las mujeres en la política, pero “lo cierto es que todavía nos hacen falta muchas cosas por lograr, y una de ellas es el cambio sociocultural, que es el que lleva más tiempo” para eliminar una cultura patriarcal y discriminatoria.
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En su intervención, la consejera Carla Humphrey señaló que en las elecciones del año 2024 se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular y que, por disposición constitucional, al menos la mitad tienen que ser ocupados por mujeres.
El reto, dijo, no sólo es incrementar la participación política de mujeres en estos comicios, sino “garantizarles que no sean violentadas por querer ocupar un cargo público, que sepan que pueden ocupar cualquiera de esos espacios, y posteriormente que puedan ejercer el cargo y que cuentan con herramientas para denunciar cualquier tipo de violencia”.
Humphrey Jordan indicó que más del 70% de los casos de violencia política surgen en el ámbito municipal y “es aquí donde tenemos una deuda muy importante y donde tenemos que trabajar de la mano de los municipios, para garantizar que las mujeres no sean violentadas por querer ocupar un cargo público”.
Por su parte, Ravel Cuevas consideró que uno de los retos del INE es propiciar la toma de medidas en el ámbito municipal, donde el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) tiene inscrito el 72 por ciento de los casos de violencia política.
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Otro reto en el PEF 2023-2024, abundó, será hacer efectiva la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la que “tenemos que evitar que personas que hayan atentado contra la vida y la integridad corporal de una mujer, contra su libertad y seguridad sexual; que hayan violado su intimidad sexual o hayan cometido el delito de violencia política contra ellas en razón de género, o sean personas deudoras alimentarias morosas”, lleguen a cargos públicos o puestos de elección popular.
En la Mesa Dos, denominada Los derechos de las mujeres más allá del día de las elecciones, la consejera Claudia Zavala Pérez manifestó que uno de los principales retos en el ámbito electoral es que el RNPS, así como la Ley 3 de 3, no sean considerados “como elementos meramente decorativos de nuestra legislación”.
Para la consejera es urgente construir una ética pública de respeto y reconocimiento a la mujer, no sólo en el terreno público, sino también en el privado, “de modo que las reglas y acciones institucionales que se han puesto en marcha para lograr la paridad legislativa, disminuyan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que ejercen la actividad pública”.
LEO
Con información de 24 Horas
