La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para que los hechos de tortura sean debidamente investigados y los perpetradores sancionados.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura los organismos internacionales han podido constatar que el Estado mexicano ha adoptado medidas para prevenir la recurrencia de los actos de tortura.
A través de un comunicado el organismo detallo que la Ley General sobre la materia sentó las bases normativas para combatir la tortura, abarcando la prevención y sostuvo que los controles existentes en el sistema de justicia, particularmente los criterios emanados del Poder Judicial Federal, han servido para desincentivar el empleo de la tortura en el funcionamiento del sistema penal.
“Estos avances requieren ser acompañados por un efectivo combate contra los índices de impunidad que prevalecen en los casos de tortura para tener una efectiva política de prevención de la misma”, se Lee en el texto.
Al respecto, los datos actualizados hasta diciembre de 2022 por el Observatorio contra la Tortura (sintortura.org) y basados en información oficial muestran que en ocho años sólo fueron emitidas 64 sentencias por el delito de tortura (43 de ellas a nivel federal). En 24 entidades federativas no se ha dictado ninguna sentencia.
La ONU explicó que la investigación y sanción de la tortura son un derecho fundamental de las víctimas y un contundente mensaje a las instituciones y a la sociedad sobre una práctica absolutamente reprobable e inadmisible.
Por ello la falta de sanción es una muestra de permisividad estatal para que los perpetradores continúen torturando impunemente, así como para que otros actores recurran a esta práctica u otras igualmente lesivas de la dignidad humana. La investigación efectiva, cuya ausencia es un factor fundamental de la impunidad en México, es la principal deuda del estado mexicano en el combate a la tortura.
LDAV
Con información de 24 Horas
